Verano de ciclones en México, que no sale de una polémica para entrar en la siguiente. Tormentas y temporales crecen con enorme velocidad en la atmósfera política, debilitándose frente al anticiclón de Palacio Nacional, que trata de controlar las consecuencias. Grandes nubes preñadas de agua evolucionaron en Sinaloa el viernes, con el sorpresivo retorno de Rubén Rocha al Gobierno del Estado, tras tres meses de ausencia. Este lunes, con Rocha de vuelta en su casa, la borrasca parecía disiparse, momento ya para la negociación. La sucesión a corto plazo en Sinaloa, las elecciones del año que viene y los casos judiciales que enredan la vida política en la región marcan el presente.
Read more School Admission System 2027 in Chile: when the application deadline ends
Claudia Sheinbaum trata de cuadrar el círculo en el Estado del Pacífico, de contentar a todos, Estados Unidos incluido, actor ambiguo en México, silencioso a veces, ruidoso otras. No es tarea fácil. La actual temporada de huracanes inició antes de tiempo, en abril, con el vendaval emanado del Departamento de Justicia estadounidense, la acusación contra la clase dirigente en Sinaloa por vínculos con el crimen organizado. Según el escrito, Rocha y otros nueve funcionarios, todos de Morena, partido de la presidenta, aceptaron la ayuda de una facción del Cartel de Sinaloa, Los Chapitos, para llegar al poder en 2021. A cambio, les habrían dado protección para llevar a cabo sus actividades criminales.
El misil balístico contra Rocha, su exjefe de policía, su exsecretario de finanzas, un senador en activo, etcétera, se leyó de diferentes maneras en el país. Unos señalaban que la acusación despejaba la nebulosa que suele ocultar una realidad nacional, los vínculos entre crimen y política. Otros, que esa realidad nunca ha sido tan evidente como con Morena, en ese y otros Estados, desde que inició su ascenso hace ahora 10 años. Unos más, que divulgar una acusación así contra un gobernador en activo mostraba la deriva injerencista del Gobierno de Donald Trump en México. También hubo quien señaló el desconcierto del equipo de Sheinbaum, colaborador incansable de las agencias de seguridad vecinas.
Sea como sea, lo cierto es que Rocha, ganador de la elección en 2021, dejó la gubernatura de manera temporal poco después de que las acusaciones se hicieran públicas; que otro acusado, Gerardo Mérida, general retirado y secretario de seguridad estatal entre finales de 2023 y finales de 2024, se entregó a las autoridades de EE UU casi a la vez; que uno más, Enrique Díaz, secretario de finanzas estatal de 2021 a 2024, se esfumó del mapa y la prensa en México informó de que estaba colaborando con la justicia estadounidense. Y mientras todo eso ocurría, la justicia local, dirigida por la fiscal general, Ernestina Godoy, colaboradora de Sheinbaum desde hace años, se puso en marcha.
Con las acusaciones de la Fiscalía estadounidense, la mexicana abrió su propia investigación, para tratar de discernir su gravedad. Llamó a declarar a los señalados, Rocha entre ellos, generando una sensación de movimiento, de trajín laboral. Envuelta en la norma y el protocolo, Sheinbaum señalaba mientras tanto que EE UU debía enviar a la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas que sustentasen sus acusaciones. De otra forma, decía, no había forma de detener a nadie. De nuevo, llegaron las lecturas: la Fiscalía de Godoy protegía a los acusados, Rocha el primero; la indagatoria mexicana era en realidad un cordón sanitario a su alrededor, una forma de contener a la justicia vecina. O al menos de intentarlo.
Ese era el precario equilibrio hasta el viernes, cuando Rocha, poderoso en Sinaloa, en control del Congreso local, cercano a la magistratura del Estado, decidió tomar la iniciativa. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. ¿Animado por quién? Tampoco. Las interpretaciones abundan de nuevo en la prensa nacional, algunas señalando incluso a Palenque, donde vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), padre espiritual de Morena. En la anterior acusación de EE UU contra un gran funcionario mexicano, el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, en 2020, López Obrador, entonces en el cargo, puso el grito en el cielo. Detenido en EE UU, Cienfuegos volvió a México tras sus críticas y la acusación quedó en nada.
Sheinbaum ha sido más cauta, también los fiscales estadounidenses. Ante la acusación contra el gobernador de Sinaloa, enarboló la bandera de su antecesor —“no vamos a permitir la injerencia de un gobierno extranjero”, dijo—, pero asumió la intervención de la FGR. Con Cienfuegos, el Departamento de Justicia del primer mandato de Trump aceptó mandar las pruebas del caso, una acusación por narcotráfico. La FGR las desechó poco después. Ahora, de momento, no han mandado nada.
Sheinbaum ha forzado la vuelta al statu quo previo al viernes. Rocha no ha sido detenido, pero su vuelta es inaceptable. La indagatoria contra el ya exgobernador existe, pero se controla al sur de la frontera. Mientras tanto, EE UU pone el dedo en el renglón, como hizo el director de la agencia antidrogas de aquel país, DEA por sus siglas en inglés, Terry Cole, la semana pasada: “En la reciente acusación que fue desclasificada”, dijo, respecto al caso de Sinaloa, “se observa corrupción gubernamental en México”. Un aviso. Washington mira.
Read more Trump insists on imposing a very high fee on H-1B visas, now seeking it to be $103,265
