Se repite hasta el cansancio que la política es el arte de negociar, el arte de gobernar, el arte de transar, pero las últimas semanas del Gobierno de José Antonio Kast han demostrado algo aún más elemental: ars communicandi, la política es el arte de comunicar.
Podemos estar pecando solo de la necesaria generosidad interpretativa al pensar que los tropiezos de La Moneda serían más fruto de la experiencia que de mala intención, explicado quizás por la urgencia autoimpuesta de tratar de instalar un relato coherente antes de demostrar éxitos concretos. Claro ejemplo de esto fue el “Estado en quiebra”.
Con todo, el patrón ya es demasiado consistente para llamarlo mala suerte. Mara Sedini duró 69 días como vocera antes de ser sacrificada en mayo, en medio de acusaciones cruzadas de “deslealtad” y “error de cálculo” que Kast nunca logró zanjar del todo; desde entonces, el gobierno ha operado sin una vocería estable.
En agosto, la salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco, se selló con el propio presidente calificando de “casi inentendibles” las normas que su propia administración debía hacer cumplir, y así ya son 36 las autoridades que han dejado el gobierno en apenas cinco meses.
El problema no es cada salida por separado. Es que ninguna llega acompañada de un relato que la ciudadanía pueda seguir.
Aristóteles enseñó hace algunos años que la persuasión descansa en tres pilares: ethos, logos y pathos —credibilidad, argumento y emoción—. Al gobierno le sobra pathos —la puesta en escena de la Operación Cancerbero, los operativos con helicópteros, el “día histórico”—, pero le falta ethos: la coherencia que hace creíble el relato cuando no hay cámaras encendidas. Por eso cada anuncio dura un ciclo noticioso y ninguno construye una narrativa sostenida.
La megarreforma económica es el mejor ejemplo de cómo ese déficit se traduce en percepción de imposición. Kast la cerró a mediados de agosto tras imponer vetos presidenciales que el Congreso terminó aprobando, dejando fuera medidas que la oposición había incorporado en el trámite. Legislativamente, el Gobierno ganó la jugada, pero comunicacionalmente reforzó la sensación de una aplanadora que avanza más por imposición que por acuerdo, y esta vez en el terreno económico y financiero, no en el moral.
Esa falta de relato tiene, además, un costo de fondo: mientras el Ejecutivo insiste en agendas de tinte moral y de seguridad, la ciudadanía sigue esperando una agenda económica de largo aliento. El desempleo llegó ayer a 9,5% en el trimestre móvil más reciente, su nivel más alto en cinco años, con la informalidad laboral en ascenso.
Y, sin embargo, es la seguridad la que le rinde en las encuestas. Cadem mostró que la aprobación presidencial subió de 38% a 41% en agosto, con un 93% de respaldo al mediático “Plan Cancerbero”. La lección que el gobierno parece haber aprendido no es a comunicar mejor la economía, sino a preferir la seguridad, porque ahí sí sabe cómo hacerse entender, o cómo llegar a esa gran masa efectista de votantes.
Una lógica de corto plazo: los bonos de imagen que compra un operativo televisado se agotan rápido cuando, debajo, el empleo formal no repunta.
Ahí aparece el segundo desafío, más delicado. La reforma constitucional de seguridad que Kast ingresó al Congreso contempla un nuevo estado de excepción prorrogable hasta 240 días sin autorización legislativa, además de facultades de interceptación de comunicaciones y de control de garantías individuales. La crítica que ha ganado terreno, incluso entre aliados, es que se trata de una reforma “iliberal”.
Y aquí conviene distinguir los términos. Una democracia liberal no se define por su orientación valórica, sino por su arquitectura institucional: separación de poderes, control judicial, límites explícitos al Ejecutivo, ESPECIALMENTE en los estados de excepción. Un gobierno liberal, en ese sentido técnico, es simplemente uno que acepta esos límites, aunque le incomoden. Un gobierno autoritario es el que los erosiona de forma sistemática.
Pero cuando Kast responde a la crítica de “iliberal”, falla en responder una pregunta distinta a la que le hicieron: una cosa es la orientación ideológica del liberalismo progresista, y otra muy distinta el diseño institucional de una democracia liberal. Esa confusión, otra vez, es un problema de comunicación antes que de intención. Un fallo sin excusa en el ars communicandi.
Y es precisamente ahí donde la instalación del relato falla. Lo difícil de perdonar es que, mientras se ensaya el discurso, la sensación de aplanadora crece en lo económico, en lo financiero y ahora también en lo institucional.
Al Gobierno no le urge un mejor eslogan. Le urge un relato que hable de empleo, de crecimiento y de delincuencia con la misma convicción con la que habla de un traslado de reos, y que no necesite salir a explicar (una y otra vez) lo que quiso decir.
![Kast: “Yo no habría dicho [lo de zurdos mugrosos], pero no voy a comentar las palabras de Javier Milei”](https://worldpressa.com/wp-content/uploads/2026/09/a7da6e8c2400ec7435c3d2767e3ea2cd.webp "Kast: “Yo no habría dicho [lo de zurdos mugrosos], pero no voy a comentar las palabras de Javier Milei”")
