Para quienes siguen Valle Salvaje, la teleserie española llegó esta semana al capítulo 470 y tiene su continuidad asegurada hasta el 660. La historia del influyente consultor argentino Fernando Cerimedo, sin embargo, parece aún más larga. En Chile al menos, comenzó en septiembre de 2020 y, si contamos encuestas, campañas, sociedades, sitios anónimos, trolls, desmentidos y revelaciones regionales, ya acumula más capítulos, personajes y giros que la ficción de RTVE. El episodio más reciente transcurre en Bolivia, donde la abogada Nadia Beller sobrevivió a un ataque de sicarios y la Fiscalía imputó a Cerimedo por tentativa de feminicidio, como posible autor intelectual. Rige la presunción de inocencia; la querella sostiene que la pericia de su teléfono contiene mensajes que lo incriminan.
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El caso sacude a la política sudamericana porque el reparto cruza fronteras. Cerimedo tuvo un papel bien documentado en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, aunque nunca integró su Gobierno. En Bolivia asesoraba a Rodrigo Paz sin ocupar un cargo oficial, pero con presencia visible. En Brasil está acreditada su relación con Eduardo Bolsonaro y su protagonismo en la difusión de falsedades sobre las urnas electrónicas después de la derrota de Jair Bolsonaro en 2022. Otras asesorías que se atribuye son menos comprobables. Tampoco existe hasta el momento evidencia pública suficiente para afirmar que trabajó para algún candidato presidencial en Chile. En esta teleserie, distinguir entre antecedentes documentados y personajes incorporados por los rumores es parte del argumento.
El primer capítulo chileno se emitió el 6 de septiembre de 2020, cuando un diario llevó en portada una encuesta de la empresa Numen según la cual las distancias entre el Apruebo y el Rechazo se estrechaban. El estudio situaba al Apruebo alrededor del 42%, al Rechazo en 34,4% y proyectaba incluso un triunfo de esta última opción con 53,8%. Siete semanas después, el Apruebo obtuvo 78,27%. No fue un error menor, sino una distancia de unos 36 puntos. La encuesta declaraba más de 18 mil respuestas obtenidas mediante avisos pagados en redes sociales y Google, y ese volumen operaba como argumento de autoridad.
Después se supo que el sondeo había sido encargado por Casa Común por el Rechazo, y que Numen desarrollaba además la estrategia digital de esa campaña. La encuesta no solo buscaba describir la opinión pública; era una herramienta utilizada para modificarla, instalando que el Rechazo podía imponerse si lograba movilizar a sus partidarios. Más que medir un clima, intentaba producirlo. Ese capítulo revela también la responsabilidad de los medios. Una portada no se limita a difundir una cifra, también le transfiere legitimidad, convirtiendo un insumo de campaña en un hecho informativo. El origen del estudio, quién lo financiaba y sus debilidades metodológicas debieron ocupar el centro de la noticia, no aparecer como averiguaciones posteriores cuando el daño ya estaba hecho.
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La advertencia, sin embargo, existió. El 8 de septiembre la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM) alertó sobre sondeos provenientes de “fuentes no habituales” y con nulos estándares de transparencia. Por un tecnicismo reglamentario, la organización gremial evitó nombrar a empresas o medios, pero el contexto de la declaración era inequívoco. También hubo variadas críticas de los principales investigadores del sector y, más tarde, reportajes de otros medios, incluyendo una alianza latinoamericana de periodismo investigativo. Por eso, el problema no fue que nadie leyera el guion a tiempo. Fue que las alertas no tuvieron dónde aterrizar. La portada tuvo capacidad para crear realidad y la corrección quedó dispersa en una sucesión de análisis posteriores. AIM podía advertir, pero no sancionar. Y el Estado carecía, y aún carece, de herramientas para exigir transparencia metodológica o identificar el financiamiento de un estudio utilizado como propaganda. Esta no es una hipótesis; en el plebiscito de 2022 el SERVEL recibió 202 denuncias por desinformación y las archivó todas, porque carece de atribuciones para controlar el contenido de la propaganda electoral.
La segunda temporada llegó con el plebiscito de 2022, cuando los llamados ‘Facilitadores Constitucionales’ difundieron materiales que imitaban la gráfica de la Convención y afirmaban falsamente que la propuesta significaba “el fin de la casa propia”. Poco después, La Derecha Diario publicó que Boric había sufrido un colapso nervioso. Era falso, y el detalle importa: el hashtag que lo instalaba ya era tendencia minutos antes de que apareciera la nota que supuestamente lo originaba. Ese orden resume de manera nítida el método. Primero se fabrica una conversación; luego un medio la convierte en noticia; finalmente, cuentas coordinadas usan esa publicación para demostrar que el tema es tendencia en las redes. Es una escenografía de la opinión pública, donde la desinformación no busca únicamente que creamos una falsedad. Busca alterar nuestra percepción de los demás; busca hacernos sentir minoría, presentar al adversario como una amenaza y transformar una elección en una batalla existencial. Así alimenta la polarización afectiva, esa donde las diferencias políticas se convierten en identidades sociales enfrentadas y quien piensa distinto deja de ser un adversario legítimo y se convierte en enemigo.
La lección para Chile no es que un operador extranjero lograra cruzar la cordillera. Es que encontró aquí a financistas, plataformas, organizaciones y medios capaces de amplificarlo, pero ninguna institución capaz de producir consecuencias. AIM, el gremio que reúne a la mayoría de las principales empresas de encuestas del país vio el problema en 48 horas. La Comisión Asesora contra la Desinformación entregó 72 recomendaciones en diciembre de 2023, entre ellas dotar al SERVEL de facultades de fiscalización; hasta el momento ninguna es ley. Seis años después, la teleserie continúa y ningún parlamentario parece muy interesado en poner el cascabel al gato. En la televisión, prolongar una trama es parte del éxito. En una democracia, repetirla después de conocer el guion es una falla institucional.
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