La historia del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán, ultimado nueve meses atrás, agotó esta semana su periplo penal con la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1. El caso pasa ahora a lo judicial para despachar responsabilidades, dijo este viernes Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Llegó a la conferencia matutina con una afirmación que hasta ahora había evitado lanzar con contundencia: el crimen tiene un autor intelectual, un móvil y una estructura criminal identificada. La última palabra no se había pronunciado hasta la captura del R1, quién ordenó y financió el ataque al alcalde de Uruapan. Sin embargo, Grecia Quiroz, viuda, heredera política y alcaldesa del municipio michoacano, ha insistido en que aquí no terminan las pesquisas. Reclama a las autoridades que despejen la incógnita aún sin respuesta sobre lo que había detrás de las amenazas que recibió Manzo antes del morir: el móvil político.
La tensión entre esas dos vertientes ha dejado abierto el caso para la viuda. Las pesquisas lograron desmenuzar pieza por pieza la célula que ejecutó el atentado del 1 de noviembre de 2025 en plenas festividades por el Día de Muertos. Un total de 31 personas han sido detenidas. Autores materiales, reclutadores, operadores logísticos, escoltas, colaboradores y funcionarios infiltrados en el Ayuntamiento. Faltaba el cerebro de la operación criminal. Apareció este jueves en Atotonilco El Alto, Jalisco. El R1, líder de Los Rs -una extensión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, el hombre al que llamaban “el patrón”, cayó después de meses de seguimiento de inteligencia y de un operativo en el que fuerzas especiales del Ejército fueron recibidas a tiros por su círculo de seguridad.
Con esa captura, García Harfuch dice haber completado el rompecabezas. El secretario desglosó casi milimétricamente cada detalle. Habló de una organización criminal con presencia en Michoacán y Jalisco, dedicada al narcotráfico, al tráfico de armas, al cobro de piso y a la extorsión sistemática de productores de limón, aguacate, ganaderos, comerciantes y transportistas. Un grupo con suficiente capacidad territorial para disputar carreteras, infiltrar gobiernos municipales y financiar un magnicidio.
El CJNG no improvisó el ataque. Durante semanas recibió información desde el propio entorno del alcalde, repasó sus movimientos y esperó el momento preciso. Un integrante cercano al círculo de Manzo, Samuel “N”, trabajador del Ayuntamiento, filtraba minutas con horarios, recorridos y condiciones de seguridad al grupo criminal. Esa información viajaba hasta Jorge Armando N., alias El Licenciado, coordinador del atentado, quien mantenía comunicación constante con los perpetradores.
Las conversaciones intervenidas muestran incluso el momento en que el operador criminal confirma que alguien “anda al pie de la persona”, una referencia directa al marcaje personal que tenían del presidente municipal. Con esos datos, depósitos bancarios, declaraciones ministeriales, análisis forenses e intervenciones telefónicas, la Fiscalía llegó hasta el hombre que, según el Gobierno, tomó la decisión inicial. El que no solo ordenó el homicidio, también pagó por su ejecución. Con todo, la explicación sobre el móvil resulta reveladora.
Después de decenas de entrevistas, testimonios e interrogatorios, la versión que emerge desde el expediente judicial es simple: Manzo fue asesinado porque el grupo criminal interpretó sus acciones como una provocación. No fue una disputa política. No fue una negociación fallida. No fue una venganza personal. “Ellos sentían una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal”, soltó Harfuch. Y fueron por él.
Durante años, Manzo delineó su figura política confrontando públicamente al crimen organizado. Denunció extorsiones, responsabilizó a grupos criminales del deterioro económico de Michoacán y convirtió el combate al CJNG en una parte central de su identidad política. La investigación sostiene que ese desafío terminó por convertirse en una sentencia de muerte. En el recuento que hizo Harfuch, reveló que las intervenciones telefónicas y un par de testimonios permitieron establecer, aunque todavía no con el nivel probatorio suficiente, que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder de grupo delincuencial —abatido el 22 de febrero de 2026 durante el operativo militar para capturarlo en Tapalpa, Jalisco— tuvo conocimiento previo del atentado. Aunque él no lo ordenó, ni dirigió la operación.
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El cierre que redondea la investigación, sin embargo, deja insatisfecha a la viuda de Manzo. Mientras Harfuch da por cerrada la trama criminal, Quiroz insiste en que la verdad no está completa. La alcaldesa de Uruapan reconoció la captura del R1 como un avance decisivo y agradeció el trabajo de las fuerzas federales, con las que, dijo, mantiene comunicación permanente. Pero rechazó convertir esa detención en el punto final del expediente.
Quiroz ha puesto un pie en la puerta para evitar que la línea de investigación política se cierre. Recordó que, antes del asesinato, Manzo había acusado públicamente a diversos actores políticos de Michoacán, entre ellos Leonel Godoy, y que, pocos días después de esos señalamientos, hombres en motocicleta acudieron durante dos días consecutivos a su domicilio para intimidarlos. Dice que nunca habían sufrido amenazas similares durante toda la trayectoria política de su esposo. Para ella, la investigación debe responder una pregunta que sigue abierta. ¿El crimen obedeció exclusivamente al enfrentamiento entre Manzo y el Cartel Jalisco o el encargo está enraizado en el mundo político?
La alcaldesa volvió a pedir que se indague la presunta relación de Godoy con integrantes de la familia Álvarez. Específicamente con Roldán Álvarez Ayala, consejero de Morena, exalcalde de Apatzingán y hermano del R1, con el que ha aparecido en múltiples instantáneas. Además, adelantó que buscará participar en las audiencias judiciales para conocer detalles de los delitos que se le imputarán al R1 y qué nuevas declaraciones surgen durante el proceso.
Su argumento tiene sustento en que Manzo llevaba años denunciando al crimen organizado. Lo hizo como diputado federal y como alcalde. “No creo que se hayan esperado tanto tiempo”, ha dicho. La respuesta de Godoy llegó casi de inmediato. El exgobernador de Michoacán rechazó cualquier insinuación y aseguró que las acusaciones buscan construir una ventaja de cara a la elección de 2027, donde se renovará la gubernatura. Sostuvo que nunca mantuvo relación con Ramón ni Rafael Álvarez Ayala, defendió que cualquier investigación debe basarse exclusivamente en pruebas y no en fotografías o vínculos familiares, y afirmó que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad si se requiere.
García Harfuch ha dejado la puerta entreabierta en ese sentido. Aunque afirmó que la investigación apunta de manera clara al R1, reconoció que el proceso judicial apenas comienza y que las audiencias del detenido podrían abrir nuevas líneas de investigación. Mientras el Gobierno considera resuelto el quién, la viuda de Manzo, que se encarrila a disputarle a Morena la gubernatura de Michoacán el próximo año con el Movimiento del Sombrero fundado por su esposo, insiste en que el porqué todavía no está cerrado. Con ese espacio de incertidumbre se librará ahora la última batalla para esclarecer el magnicidio de Manzo.
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