En México, vivimos bajo una ambigüedad semejante. La Constitución exige ser mexicano por nacimiento para ocupar la presidencia, gubernaturas y jefatura de Gobierno. Pero su redacción deja sin contestar qué ocurre con quien ya posee o adquiere otra nacionalidad.
Lo que ese silencio constitucional nos invita a reflexionar es qué tan despreocupados estamos con que quien encarna la soberanía de un Estado mantenga, al mismo tiempo, un vínculo jurídico con otro. ¿Qué sucedería ante una crisis entre ambos países? ¿Qué lealtad prevalecería frente a un conflicto?
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