Esta semana, en cuatro momentos distintos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció por redes sociales que su ministra de Salud, Ana María Vesga, debe atender con prioridad cuatro casos médicos complejos que se hicieron virales en redes sociales y afectan a menores de edad. La ministra reaccionó con celeridad, al igual que la Nueva EPS ―la más grande entidad promotora de salud del país, que cubre a más de 11 millones de personas y fue intervenida en el Gobierno anterior. El mandatario anunció en su campaña que enfrentaría la crisis de la salud, que tiene al menos a miles de personas en riesgo por no recibir tratamientos, con un plan de choque por 10 billones de pesos, que aplicaría en los primeros 90 días de mandato. Su presupuesto para 2027 anuncia 2 billones adicionales para el sector mientras el plan de emergencia está en discusión en el Ministerio de Salud, al que se le atravesó una nueva crisis tras el terremoto del 10 de agosto. Mientras avanza, el jefe de Estado adelanta una estrategia de comunicación que llena ese silencio.
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Empezó el sábado pasado, cuando se refirió al video viral de Lucas Francesco, de 7 años, que tiene una cardiopatía y ha pedido un trasplante de corazón. “Mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS”, dice el pequeño, que señala que no se quiere morir. “No podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”, señaló entonces el presidente en X. El lunes habló de Liam Santiago, de 8 años, quien tiene distrofia muscular de Duchenne,. LA enfermedad no tiene cura, pero la madre del pequeño pidió ayuda en redes para viajar a España, donde hay un ensayo clínico. “Bajo el Gobierno del Tigre no vamos a abandonar a ningún niño”, respondió el mandatario. Horas después se refirió al caso de Valeria Pérez Jaramillo, quien pide ayuda para su tratamiento contra el cáncer. Y luego se refirió a Carla, de 3 años, cuya madre dice que lleva más de un año buscando atención para sus dificultades respiratorias y gástricas. “Carla, escuché tu voz a través de tu valiente mamá”, dice el presidente.
Para Alejando Gaviria, exministro de Salud, en esas acciones hay un patrón viejo y pero también una novedad. “Es usual que la gente, desesperada, use las redes sociales para hacer visible su caso médico y que los medios presionen para que el Gobierno haga algo”, cuenta. Cuenta que le pidió a un asesor atender algunos de estos casos y solo en una ocasión el presidente Juan Manuel Santos le pidió, en privado, atender uno. Lo nuevo y extraño, afirma, es que el jefe de Estado pida a sus funcionarios, en redes sociales, que atiendan un caso médico. “Lo importante es que no se vuelva sistemático para un manejo de su imagen”, añade Gaviria. “Se arma una discusión bioética muy difícil, sobre atender a las víctimas visibles antes que a las no visibles, cuando uno atiende como sistema de salud a todos los pacientes”. Los en los que el paciente no puede tener acceso a un infuencer o a un gran medio de comunicación, como pasa en las regiones rurales y más pobres, se quedan sin la posibilidad de llamar la atención del jefe de Estado y obtener su impulso.
Los casos que escogió el presidente también le permiten poner el espejo retrovisor en el Gobierno anterior. En el imaginario colectivo sobre la crisis de salud que dejó la Administración de Gustavo Petro está el nombre de Kevin, un pequeño con hemofilia cuyas medicinas no fueron entregadas a tiempo por la Nueva EPS. El niño murió y el presidente y su ministro de Salud dijeron que era culpa de la madre, quien lo dejó montar en bicicleta, actividad en la que sufrió un accidente, y luego “no aceptó una cirugía”. La madre explicó que tomó esa decisión, pues, a falta del medicamento, Kevin corría un alto riesgo de morir de una hemorragia masiva en una intervención. Es contra ese caso simbólico que el nuevo presidente crea su narrativa : “Bajo el Gobierno del Tigre no vamos a abandonar a ningún niño”, repite ahora la Presidencia en voz de Miller Soto, quien dedicó su primera intervención como su vocero oficial a recordar el caso de Lucas. “De un grito desesperado, nació una respuesta de Estado”, dijo Soto.
Augusto Galán, también exministro de Salud y director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, también espera que los casos virales no se conviertan en un patrón. “¿Es la mejor forma de proceder en el sector salud? No la veo como la vía adecuada, porque se generan expectativas que se pueden volver contraproducentes y se pueden crear inequidades porque niños como Lucas puede haber muchos”, dice. “Pero lo interpretamos esto más como una voluntad del presidente de mostrar un viraje, un gesto simbólico que espero sea solo transitorio”, añade.
Galán dice que, por la crisis del sistema, actualmente 98.000 personas están en un riesgo vital por falta de una atención o porque dejaron de recibir tratamientos, y al tiempo 700.000 que padecen enfermedades crónicas y necesitan tratamientos. Los casos de Liam, de Lucas, de Carla y de Valeria son solo cuatro entre miles. “El plan de estabilización tiene que enfocarse en todas estas personas, y es muy importante que arranque, pero por el terremoto es muy posible que los tiempos se dilaten”, explica.
Los tiempos de las redes sociales son más rápidos que las políticas públicas, y el presidente De la Espriella ha demostrado en otros temas la inclinación de controlar la conversación e hizo una herramienta de campaña la viralidad de las redes. Pero la crisis, si no se ataja, puede tomarse para arrollar la narrativa que busque el Gobierno. Por ejemplo, dice Galán, la Nueva EPS ha respondido a los cuatro casos del presidente, pero sigue en estado crítico. “El riesgo sistémico de que caiga la Nueva EPS, o de que toque liquidarla, sería enorme, afectaría todo el sistema”, advierte. El nuevo Gobierno designó un interventor, el doctor llamado Roberto Solano, que tiene en sus manos, más que en las redes sociales, el futuro de todos los Lucas.
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