El juzgado que decidirá si condena o absuelve por presunto fraude fiscal a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que está “sobrecargado”. En un escrito remitido a las partes el mes pasado, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que ha trascendido este viernes, la letrada de la Administración de Justicia señala que la fecha del juicio oral se fijará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre este Juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”.
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La fecha de la vista tiene una evidente trascendencia política. Si el juicio se celebra antes de las elecciones autonómicas previas para mayo podría irrumpir de lleno en la campaña electoral. La lideresa madrileña, que buscará su tercera reelección, ha defendido reiteradamente la inocencia de su pareja y ha atribuido sus apuros judiciales a una estrategia política impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los partidos de izquierdas, por el contrario, sostienen que la presidenta se ha beneficiado del presunto enriquecimiento irregular de su pareja.
El caso de presunto fraude fiscal con ayuda de facturas falsas fue enviado en abril al juzgado 19 de lo Penal, en la calle Julián Camarillo, después de dos años en fase de instrucción. Paralelamente, continúa abierta una segunda pieza por un presunto soborno a un ejecutivo del grupo hospitalario Quirónsalud sigue siendo investigada en el juzgado de instrucción 19 de Plaza de Castilla.
Mientras se fija el juicio, la magistrada del 19 de lo Penal, María Lourdes Platero Parada, ya ha resuelto algunas cuestiones previas. En un auto del mes pasado también conocido este viernes admitió que Amador presente como prueba un informe pericial de un inspector de Hacienda en excedencia, pero descartó que declaren como testigos dos personas a los que pretendía presentar para acreditar la realidad de la factura considerada falsa de mayor importe, la de una presunta venta de vacunas al Gobierno de Costa de Marfil por 922.585 euros. La magistrada ha inadmitido estas declaraciones “por ser innecesarias y por inutilidad manifiesta”.
De este modo, Amador podrá apoyarse en tres de las cuatro pruebas planteadas por su defensa: el interrogatorio de los acusados, los documentos obrantes en la causa y el informe del inspector de Hacienda en excedencia, Jorge Salto Guglieri.
La jueza también ha descartado varias pruebas propuestas por las acusaciones y por los otros cuatro acusados,—señalados como presuntos cooperadores delictivos al emitir las facturas investigadas— al considerarlas inconcretas, innecesarias o irrelevantes. Sí autoriza, en cambio, la declaración como testigos las dos inspectoras de Hacienda que participaron en el expediente de sanción antes de remitir los hechos a la Fiscalía.
Como es preceptivo, Platero ha recordado en ese auto que los acusados pueden admitir su culpabilidad y negociar una rebaja de la pena. Si pacta, Amador puede conseguir una pena menor a dos años que permita a la jueza suspender su entrada en prisión. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado para él tres años y nueve meses de prisión.
El dilema de la pareja de Ayuso es que tiene dos procedimientos vivos contra él. Una segunda condena, por el presunto soborno, impediría a ese juez eximirlo de la cárcel porque esa opción solo es posible cuando no existen antecedentes penales.
Las novedades relacionadas con la segunda pieza también pueden sacudir la recta final hasta las elecciones de mayo. Las miradas están dirigidas a la unidad de delitos complejos de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO), que está investigando las cuentas bancarias de tres protagonistas del presunto soborno: Amador, el ejecutivo de Quirón, y la esposa de este.
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