En diciembre de 2019, la entonces titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México perdió el cargo tras abordar el avión privado de un empresario. Para la entonces jefa de Gobierno –de apellido Sheinbaum–, la incompatibilidad era estridente: el servicio público desentona con lo privado.
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El episodio habría de reimprimirse dos veces. Primero, en el consejero jurídico de su Gobierno tras un viaje semejante. Segundo, con su secretaria de Turismo, que había volado a Guatemala en avión privado para la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey.
Cambiaron los nombres, pero no cambió la historia: Sheinbaum exigía que cada funcionario fuera Andrés Manuel López Obrador en miniatura.
–Nada de usar aviones privados, aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos.
–Aquí nadie puede subirse a aviones privados, si el presidente de la república viaja en avión comercial y decidió que ya no existiera el avión presidencial para beneficio propio, así debemos actuar todos.
Luego –y acaso por la autoridad moral que emanaba de gestos como aquel– Sheinbaum llegó a la presidencia de la República y persistió en los vuelos comerciales.
Era razonable suponer que el canon de la austeridad encontraría en ella continuidad y vocación de permanencia. Pero lo razonable no siempre es lo cierto.
El mundo da muchas vueltas y a nosotros nos da muchas más. Investigaciones recientes, apoyadas en registros migratorios y bitácoras de vuelo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, atribuyen a Mara Lezama, gobernadora morenista de Quintana Roo, 97 vuelos privados de 119 movimientos de entrada y salida detectados.
Oyéndolo todo, parece no haber entendido nada. Acaso escuchó alguna vez a López Obrador o a Sheinbaum hablar de austeridad. Pero escuchar es un acto reflejo del oído; entender es captar la idea clara.
De ser exactos los registros, ocho de cada diez movimientos de Lezama habrían transcurrido a bordo de aeronaves privadas.
En la palestra de sus errores figuran también 31 vuelos privados durante sus años al frente del municipio de Benito Juárez, Cancún, y muchos más ya en la gubernatura con destino repetido: Orlando, Florida y Vail, Colorado.
Si consideramos que Mara Lezama asumió la gubernatura en septiembre de 2022, la frecuencia supera un viaje al mes. La mesura, entre tanto, parece haber quedado reducida a una reminiscencia retórica.
Se le dijo austeridad y entendió opulencia; oyó contención y entendió dispendio.
Los señalamientos prolongan el itinerario hasta su círculo político y familiar: su esposo, sus hijos, su hermano y el senador Eugenio “Gino” Segura, a quienes las investigaciones les imputan 283 movimientos asociados con aeronaves privadas. Cuarenta al año. Uno cada nueve días.
La necesidad inconsciente de los políticos mexicanos de reconciliar el excedente con aquello que creen merecer.
Incluso si las cuentas estuvieran equivocadas, como afirma la gobernadora, subsistiría la pregunta: ¿quién pagó los vuelos?, ¿quién puso los diamantes en la corona que se proclamaba de hierro?
¿Los pagó Lezama? ¿Los pagó el Estado? ¿Los pagó un empresario? ¿Los pagó un contratista?
Si en el modo privado de volar naufraga la austeridad; en el modo de pagarlo se asfixia la rendición de cuentas.
Esos dos principios –la austeridad como ética en el ejercicio del poder y la rendición de cuentas como antídoto contra el conflicto de interés– son los mismos que la hoy presidenta invocó en el pasado para separar a sus colaboradores de sus cargos.
Que la gobernadora hubiere pagado sus viajes de su propio salario es una imposibilidad. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, percibe 102.000 pesos mensuales: lo mismo que cuesta una sola hora en los aviones que frecuenta.
La austeridad que postuló la Cuarta Transformación tenía una finalidad evidente: combatir la corrupción y dejar de derrochar el dinero público que se requería para el mejor vivir de la gente. Pero había otro objetivo que López Obrador y Sheinbaum entendieron a la primera: reducir la brecha física y social entre gobernantes y gobernados. Abolir la odiosa frontera entre el mundo de los semidioses y el de la gente común.
Por eso se desterró el uso de aviones oficiales. Por eso se rifó el avión presidencial.
En Ciudad de México, la entonces jefa de Gobierno dejó el precedente: funcionarios de su administración abandonaron –es un decir– el cargo por usar aeronaves privadas al contradecir la ética pública que aquel Gobierno se comprometió a encarnar.
Con Mara Lezama, el derrotero no puede ser distinto: cuánto más alto se proclama el principio, más estruendosa debe ser la caída.
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