Fue el de 25 abril de 1990 cuando Patricio Aylwin, el primer presidente chileno de la transición democrática, emitió un decreto supremo, a poco mes de un mes de asumir en La Moneda, para crear la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a cargo jurista Raúl Rettig, que se abocó a reconstruir las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Y fue a esa instancia a la que concurrieron a declarar los padres de Bernarda Vera Contardo, pues perdieron su rastro días antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), entonces de 27 años, los visitó para ver a su hija de cinco años, que estaba bajo el cuidado de sus abuelos. El matrimonio falleció sin saber que Vera estaba con vida, como lo ha constatado este lunes el juez chileno Álvaro Mesa más de cinco décadas después: ordenó una prueba de ADN que acreditó, con una probabilidad de identificación “superior al 99,9999%” que Vera es una mujer de que fue hallada en 2025 en Argentina.
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Su hija, hoy de 58 años, también se ha enterado oficialmente este lunes de que su madre vive: ella creció con la información oficial que constató el Informe Rettig, dado a conocer en 1991. Aunque tuvo unas primeras señales de que podía estar con vida, que no las creyó, a comienzos de enero de 2025, cuando fue contactada por el Plan Nacional de Búsqueda, una iniciativa estatal que empujó el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), que investiga las trayectorias de las 1.469 personas que permanecen desaparecidas desde la dictadura. En esta instancia, una de sus investigadoras, la periodista Pascale Bonnefoy, halló incongruencias en los relatos de la época y dio cuenta de que la exmirista podría, de acuerdo a varias fuentes, haber salido clandestinamente hacia Argentina. Esa fue la base para la indagatoria de Mesa, que lo ha confirmado tras la prueba de ADN en el marco de una diligencia clave que realizó en sus pequisas que están bajo reserva.
El resultado del examen de ADN fue dado a conocer este lunes por el Poder Judicial. Fue tomado con las muestras de los familiares disponibles de Vera en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal (SML). Apenas se enteraron, los diputados de la UDI, Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu, un partido de derecha tradicional, han pedido al Gobierno de José Antonio Kast que emprenda acciones para que se restituyan los fondos que el Estado ha pagado a la familia de Vera por la ley de reparación. Esto, pese a que nunca supieron que la profesora estaba con vida, pues el último contacto con ella fue hace 53 años.
Las reparaciones a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura fueron establecidas por una ley que se dictó tras el Informe de la Comisión Rettig. En el caso de Vera, su madre recibió en vida una pensión, y su hija percibe otra, pues además tiene una discapacidad física severa, algo que también es parte de la legislación.
Durante la Unidad Popular, que lideró el expresidente socialista Salvador Allende, Bernarda Vera trabajaba como profesora en una escuela pública en Puerto Fuy, dentro del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en la Región de Los Ríos, en el sur de Chile, junto a decenas de miristas. El Informe Rettig constató que la mayoría del grupo del que formaba parte Vera, que entonces usaba el nombre político Anita, fue ejecutado y hecho desaparecer en Liquiñe, en la zona de la precordillera de Los Andes. La mujer había sido enjuiciada en un consejo de guerra y era público, pues en la época se difundió, que varias patrullas militares la buscaban.
Según señala el Informe Rettig, “es posible presumir que también fue detenida con este grupo Bernarda Rosalba Vera Contardo”. “De acuerdo con lo relatado por otros testigos, ella se encontraba oculta en algún lugar del Complejo Maderero, ya que era intensamente buscada por las autoridades militares. Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruido por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado”.
El documento oficial también consigna que la profesora “fue detenida el día 10 de octubre de 1973 en Trafún en la casa de unos trabajadores del Complejo, por efectivos militares. Se presume que fue ejecutada en el Puente Villarrica sobre el río Toltén, junto a los otros detenidos de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida”.
“La hija siempre actuó de buena fe”
En 2009, el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior presentó una querella por la desaparición de Bernarda Vera. La interpuso el abogado de Vladimir Riesco, en Valdivia, quien en este tiempo trabajaba en ese plan. Esa causa la investigó la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz Yévenes, quien jubiló en 2017. En el proceso declaró la hija de Bernarda Vera, donde relató que desde 1973 nunca más tuvo contacto con su mamá, y que la información que tenía era la oficial, la consignada en el Informe Rettig.
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Tras investigar, en 2014 la jueza Díaz sobreseyó temporalmente la causa “por no haberse acreditado la existencia del delito”, explica Riesco a EL PAÍS. “En este caso se determinó que no había ningún indicio formal que acreditara que ella [Bernarda Vera] haya sido detenida por agentes del Estado”, agrega.
Riesco recuerda que, durante ese proceso judicial, que la hija de Vera solo tenía la información de la Comisión de Verdad y Reconcialición y la que le fue entregada por sus abuelos, quienes la criaron, respecto de que su madre estaba desaparecida. También “sabía lo que habían dicho algunos amigos de su mamá, gente antigua de la época. Pero todos eran testigos de oídas y no había nadie que haya visto una detención. Jamás en su vida tuvo contacto con su mamá”, asegura.
El sobreseimiento temporal de la causa implica que solo se puede reabrir de haber nueva información. “Yo le pregunté a ella [a la hija de Vera] si sabía algún antecedente sobre su mamá y no había nada”, dice Riesco.
El abogado se enteró este lunes, por la resolución del magistrado Mesa, de que Vera está con vida. “Yo sé que la hija siempre actuó de buena fe, porque no tenía ningún antecedente y solo sabía lo que estaba en el Informe Rettig”, reitera.
Y agrega: “Yo no sé cuál será el sufrimiento que habrá tenido Bernarda Vera para no haber visto a su hija. A lo mejor reflexionó que estaba mejor con sus papás; o tenía miedo de que la capturaran; tal vez siguió vinculada a la organizaciones revolucionarias y pensó que la podían matar. No lo sé. Pero debe ser una persona muy dañada. Su familia ha sufrido mucho y eso es parte del drama de la dictadura. A Bernarda Vera le mataron a su pareja y a todos sus amigos”.
En la indagatoria que realizó Pascale Bonnefoy, una periodista especializada en investigación y en derechos humanos que fue parte de Área de Búsqueda y Trayectorias del Plan Nacional de Búsqueda, varias personas de la zona donde estuvo la profesora, en la región de Los Ríos, le manifestron que logró escapar tras el golpe de Estado. Y que, en adelante, inició un periplo en la clandestinidad. Logró diversos testimonios de personas que dijeron haber estado con Bernarda Vera en Chile, Argentina y Suecia, después de octubre de 1973. Incluso, hay testimonios que señalan que tras huir a Argentina participó en la guerrilla del PRT-ERP en Tucumán, y que entre 1977 y 1978, viajó desde a Brasil a Suecia como refugiada política y que en 1984 obtuvo la nacionalidad sueca.
Bernarda Vera fue filmada en 2025 en Mar de Plata por el canal Chilevisión. Hoy tiene 80 años.
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