El resultado de una prueba de ADN confirmó este lunes que Bernarda Vera Contardo, una mujer que figura en el listado oficial de las 1.469 personas que fueron desparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se encuentra con vida y reside en Argentina. Tras esa revelación, el ministro de Justicia del Gobierno de José Antonio Kast, Fernando Rabat, cuestionó la pensión que por una ley de reparación han recibido los familiares, su madre, ya fallecida, y su hija, hoy de 58 años, que continúa percibiéndola pues además tiene una discapacidad física. Según dijo este miércoles el abogado a Radio Infinita, por los antecedentes entregados por el Poder Judicial chileno, que ordenó los exámenes para su identificación, existe “una duda más que razonable de que esta persona [Vera] no se encontraba desaparecida y, por lo tanto, no debió haberse pagado esa pensión”.
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Rabat ha informado que el Gobierno pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe el caso de las pensiones a la familia pues el Estado “tiene derecho a pedir restitución”. Y explicó que el organismo, que representa los intereses patrimoniales del Fisco, “puede requerir todo pago” que no tenga “una causa que lo justifique”, y que ese acto es “con independencia” de si quien lo recibió lo hizo “de buena o mala fe”.
El caso de Bernarda Vera ha provocado una gran conmoción en Chile. Su hija creyó por cinco décadas que su madre fue víctima de desaparición forzada en la dictadura. Se enteró solo este lunes, de manera oficial, que está con vida, una vez que conoció los resultados de examen ADN que entregó el juez Álvaro Mesa, a cargo de la investigación. La última vez que la vio tenía cinco años, en la víspera del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
La indagatoria que dio con el paradero de Vera fue desarrollada por el Plan Nacional de Búsqueda de personas desparecidas en la dictadura, una iniciativa impulsada en 2023 por la Administración de Gabriel Boric (2022-2026) que persigue esclarecer las circunstancias de desaparición y el destino final de las víctimas. Pascale Bonnefoy, quien trabajó como investigadora del programa estatal, determinó que la mujer, que militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), habría logrado cruzar clandestinamente a Argentina en 1973. Era perseguida por los militares tras una condena a muerte por un consejo de guerra.
En septiembre de 2025, el canal Chilevisión localizó a Vera, hoy de 80 años, residiendo en Mar del Plata, en Argentina. Y la prueba de ADN arrojó, con una probabilidad de identificación “superior al 99,9999%”, que se trata de la misma mujer.
Durante la Unidad Popular que encabezó Salvador Allende (1970-1973), Vera trabajaba como profesora en una escuela pública en Puerto Fuy, dentro del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en la Región de Los Ríos, en el sur de Chile. Cuando se perdió su rastro, tras el golpe de Estado, tenía 27 años. La mayoría del grupo político al que pertenecía, el MIR, fue ejecutado y hecho desaparecer. Sus padres denunciaron su caso en 1990 a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por Patricio Aylwin, el primer presidente chileno de la transición democrática, que se abocó a reconstruir las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La instancia, que dirigió el jurista Raúl Rettig, entregó sus resultados un año después, en el llamado Informe Rettig y, en adelante, la mujer quedó en la lista oficial de víctimas.
El caso de Vera fue investigado 2009, cuando el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior -que hoy depende de la cartera se Justicia- presentó una querella por su desaparición ante los tribunales de Valdivia, en la región de Los Ríos. La causa fue sobreseída temporalmente cinco años después, luego que, explica a EL PAÍS el abogado que la tramitó, Vladimir Riesco, se determinó “que no había ningún indicio formal que acreditara que ella [Bernarda Vera] haya sido detenida por agentes del Estado”.
Según Riesco, la hija de Bernarda Vera, a quien conoció, solo contaba con los antecedentes contenidos en el Informe Rettig, además de alguna información que ella consiguió con amigos de su madre, “gente antigua de la época, pero todos eran testigos de oídas. Ella jamás en su vida tuvo contacto con su mamá”. “Yo sé que la hija siempre actuó de buena fe, porque no tenía ningún antecedente y solo sabía lo que estaba en el Informe Rettig”, agregó.
Se revisarán todos los casos
El hallazgo con vida de Vera ha traído consecuencias. El ministro de Justicia ha dicho que la subsecretaría de Derechos Humanos, que dirige Pablo Mira, “está en lo correcto” al instruir una revisión de las nóminas oficiales “para evitar que existan otros casos en los cuales puedan existir errores”. “Evidentemente, cualquier listado con muchas personas de cualquier naturaleza va a tener falencias. El problema es que no es uno: al menos hay nueve que se determinaron con anterioridad y si le agregamos casos de duplicidad llevamos 12. (…) Frente a una duda razonable, ¿qué es lo que debe hacer el Estado?“.
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El ministro además cuestionó el papel de las autoridades de la Administración anterior en el caso de Vera, e informó que se abrió un sumario dentro su cartera. También dijo que el Plan Nacional de Búsqueda, que en el periodo de Boric halló a la mujer, tenía la información en marzo de 2024, pero “recién en el mes de junio del año 2025″ los puso en conocimiento del juez Mesa.
“Hubo por lo menos 15 meses en que esta información estuvo en la subsecretaría de Derechos Humanos [que depende del ministerio de Justicia] y no se reaccionó prontamente. Y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta, es ponerla en conocimiento a la autoridad, lo que no se hizo y eso nos parece grave”, dijo el abogado.
Rabat recordó que poco después de que asumió el Gobierno, removió a las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda bajo “la causal de falta de confianza”, y señaló que la nueva jefa que nombró, Constanza Garrido, entre 1 de abril y finales de julio, logró que se “materializaran los exámenes de ADN. Es decir, en tres meses se hizo lo que no se obtuvo en casi dos años”.
La versión de Rabat, sin embargo, ha sido confrontada por la exjefa del Programa de Derechos Humanos durante el Gobierno de Boric, Paulina Zamorano. “El ministro presenta como una falla lo que en realidad es un resultado de la investigación estatal. Si existen hoy nuevos antecedentes sobre Bernarda Vera, es porque hubo profesionales investigando, cruzando información y promoviendo diligencias. Desacreditar ese trabajo es difícil de comprender”, señaló este jueves a la Radio Universidad de Chile.
Y agregó que el de Vera es“un caso excepcional, identificado décadas después gracias a nuevas diligencias” por lo que no convierte al Informe Rettig en poco confiable”.
También criticó a Rabat el exministro de Justicia de Boric, Jaime Gajardo, quien dijo en su cuenta de X que sus palabras “no se corresponden con la realidad ni se condicen con lo que ocurrió”.
Gajardo recordó que la investigación del caso de Bernarda Vera arrancó en la Administración de Boric “gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda”, que depende la del ministerio de Justicia. Y explicó que durante 2024 y 2025, que el Programa de Derechos Humanos envió varios oficios con antecedentes al magistrado Mesa “para contribuir al esclarecimiento de la verdad”.
“Preocupa que autoridades del Gobierno desconozcan los presupuestos básicos de una investigación judicial reservada que comenzó en el año 2024″, dijo Gajardo. Y agregó que Rabat, además, “se atribuye logros de una investigación judicial reservada”, poniendo “en duda la legitimidad de los esfuerzos que históricamente, en distintos gobiernos, se han impulsado para avanzar en verdad y justicia”.
