En medio de la emergencia creada por uno de los terremotos más graves en la historia de Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella está tomando decisiones sobre asuntos de política exterior que van a tener consecuencias duraderas y que cambian radicalmente la forma en que se había orientado la política internacional en los últimos años. Algunas de las decisiones tomadas ya han generado incomodidades diplomáticas por cuanto rompen con el consenso construido por Naciones Unidas, como es el caso del reconocimiento de la soberanía israelí sobre el territorio de los Altos del Golán, una zona de Siria ocupada de forma ilegal por Israel desde 1967. Tan solo Estados Unidos ha sido el único país miembro de la ONU que ha reconocido la soberanía de Israel. Ahora, Colombia se le une.
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La segunda decisión es la vinculación de Colombia al Escudo de las Américas como país miembro de esa coalición de seguridad liderada por Estados Unidos. En este frente se han desatado debates jurídicos y políticos en los países participantes ya que, como el caso colombiano, el Escudo de las Américas compromete la soberanía nacional de sus miembros. Al autorizar la participación de tropas y dirección extranjera en territorio nacional se pone en riesgo la autonomía del Estado, pues no se toma en cuenta el control constitucional del Senado para asuntos de calibre, como el tránsito de tropas extranjeras por suelo nacional.
En ese sentido, Pete Hegseth anunció que el Gobierno colombiano autorizó operaciones militares conjuntas para combatir el narcoterrorismo, lo que implica operaciones marítimas y terrestres. La población de las zonas de frontera, específicamente han pedido claridad sobre los límites de las operaciones en Colombia de tropas de otro país. Hay que recordar que, aunque esclarecidos y debidamente corroborados, Estados Unidos aún no asume su responsabilidad en los ataques del Comando Sur de su ejército en el Caribe, que dejaron más de 200 lancheros muertos.
Fueron ataques que se lanzaron sin que pruebas, que debieron haberse obtenido en juiciosas labores previas de inteligencia, indicaran que las lanchas incurrieran en ilegalidades y representaran una peligrosidad de alto nivel. Con todo, los ataques se desencadenaron sin que se siguiera el debido proceso, afectando mayoritariamente a pescadores artesanales. Las organizaciones internacionales de Derechos Humanos han denunciado que estas acciones son ejecuciones extrajudiciales, una forma de asesinato, y que constituyen crímenes que violentan el derecho internacional.
La política exterior y la soberanía son los fundamentos sobre los que un Estado orienta las relaciones de poder, sus relaciones con otros países y afirma su autonomía para tomar decisiones sin injerencias que cuestionen la legitimidad de su soberanía. Este derecho a la soberanía reside en el pueblo como actor del poder y el Estado se articula con una democracia directa, y no se puede poner al servicio ciego de la dependencia geopolítica y económica de un poder hegemónico. La soberanía garantiza la independencia del país y es la máxima autoridad territorial para cuidar sus recursos y bienes.
Desde la pérdida de Panamá, en 1903, que fue impulsada por Estados Unidos, y después que el poder político tradicional aceptara su dependencia frente a los mandatos de Washington, se ha mantenido esta obediencia acordada que no solo ha sido tan solo de carácter político, sino también social. Después de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, el rol de Colombia ha venido ajustándose a un perfil de rasgos ideológicos que la han llevado a adoptar, sin cortapisas, una postura “anticomunista” a tono con que recibía de los gobiernos estadounidenses y alineada con su política.
Con la influencia de sectores sociales y políticos del Sur Global, en las últimas décadas se ha insisto en el fortalecimiento de una perspectiva política, económica y diplomática que incorpore al país en una dinámica Sur-Sur. Esto implica una nueva ventana en el contexto de la política exterior que le faculta a Colombia a pasar a una participación dialogada en el concierto internacional antes que a la acostumbrada sumisión inmediata, como se había mantenido por décadas.
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El asunto de la lucha antinarcóticos ha monopolizado tradicionalmente las relaciones con Estados Unidos. El Gobierno colombiano actual parece haber ido más lejos, pues todo apunta que se comprometió a serle fiel a la política internacional de la Casa Blanca en todos los ámbitos, a costa de la soberanía y la autonomía externa.
Para las decisiones tomadas en esta semana no hubo consultas que coadyuvaran a la construcción de la política exterior, ni tampoco se pensó en las condiciones desfavorables con las que se asumían estas apuestas de obediencia, que pueden ser muy traumáticas y desembocar en tragedias, tristemente ya anunciadas.
Es indispensable, por lo tanto, que se analicen las decisiones tomadas, que se construya una política exterior por parte del Estado colombiano y que la nación sea incluida mediante una interlocución con la ciudadanía que permita poner sobre la mesa los intereses prioritarios para Colombia en su política de asuntos exteriores.
La paz es uno de esos ejes centrales de la política exterior. Rechazarlo, como lo hace el actual gobierno, impide que en las relaciones internacionales se adelante un diálogo global que se oriente al cumplimiento de toda la normatividad internacional que busca defender la vida, limitar la violencia y encontrar aliados globales para crear los puentes de defensa de los derechos humanos.
Cada gobierno tiene una visión de la paz que le hace eco a su forma de ver el mundo, pero no podemos regresar al pasado, porque ya la sociedad colombiana interiorizó un proceso de transformación tanto a nivel nacional como internacional. Esta visión interiorizada reconoce la necesidad de que se den avances en la construcción de una paz duradera, así sea lenta, pero que descanse más decididamente en la urgencia de seguir insistiendo en la construcción de paz, antes que en la búsqueda de soluciones bélicas.
