Pasadas las 9:00 de la noche del 4 de agosto de 2021, Herbert Argueta se levantó de la silla en la que había pasado las últimas seis horas atendiendo llamadas frente a su computadora. Era el descanso de media hora en su turno de call center, el que hacía desde casa. Había llovido a cántaros esa noche y decidió salir a estirar las piernas. Echó un vistazo desde la puerta y vio que la tienda del vecino estaba cerrada, así que caminó hacia la siguiente, a unos 500 metros, para comprar un jugo. “Ahora vuelvo”, le dijo a Carmen, su madre, quien miraba la televisión en el sofá. “Y nunca más volvió”, recuerda ella hoy sobre aquel día.
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Carmen, la madre de Herbert, comparte la misma brecha de incertidumbre que miles de familias en El Salvador que rastrean a los suyos sin amparo estatal. Entre ellas se encuentra Esmeralda Rosales, cuyo hermano, Fernando Andrés Rosales, fue visto por última vez el 5 de marzo de 2022. El caso de Fernando figura entre las últimas desapariciones registradas en el país justo antes de que el Gobierno decretara el régimen de excepción a finales de ese mismo mes.
Esmeralda asegura que la medida de excepción, lejos de aportar respuestas, profundizó el desamparo. “Pensamos que eso iba a ayudar porque antes nos decían que los investigadores estaban ocupados combatiendo a las pandillas. Ahora dicen que están saturados con los juicios, y nunca nos ayudan a nosotros”, lamenta.
Fernando, un comerciante de 32 años, fue raptado por un grupo de hombres mientras entregaba productos de primera necesidad en un mercado de Santa Ana, en el occidente del país. Aunque la Fiscalía detuvo a cuatro presuntos colaboradores de la MS-13 vinculados al rapto, su paradero sigue siendo desconocido.
Tanto Carmen como Esmeralda integran el Bloque de Búsqueda de Desaparecidos, una colectiva articulada principalmente por madres que asumen la búsqueda en solitario frente a la inoperancia institucional. “A estas alturas, cinco años después, las autoridades no tienen una sola pista. Hemos llegado al punto en que me preguntan: ‘¿Y usted no ha sabido nada?’. Yo les entregué la tablet y el teléfono de mi hijo, sin clave, para que revisaran. ‘¿Quién cree que se lo llevó?’, me terminan diciendo”, relata Carmen.
Recientemente, el colectivo de madres se presentó ante la Asamblea Legislativa —dominada por el oficialismo— para introducir una propuesta de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La iniciativa planteaba reconocer la dignidad de las víctimas, garantizar la participación activa de las organizaciones de familiares y estructurar un sistema nacional de búsqueda. La pieza fue llevada al pleno por la diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos; no obstante, su voto fue el único a favor y la bancada oficialista la desestimó en menos de 15 minutos.
Desde hace al menos quince años, El Salvador arrastra una grave crisis de personas desaparecidas a la que ningún gobierno ha logrado dar respuesta. Un estudio publicado en 2021 por la investigadora salvadoreña Jeannette Aguilar y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) señalaba que, para esa fecha, el número de desaparecidos durante la posguerra se estimaba en 35.000, la mayoría víctimas de las pandillas. Sin embargo, la dimensión real del subregistro de este delito sigue sumida en la opacidad.
En junio de 2025, durante el discurso por el sexto año de su mandato —y mientras reivindicaba su triunfo sobre las maras—, el presidente Nayib Bukele deslizó una estimación hasta entonces inédita. Primero apeló a la cifra de homicidios atribuidos a las pandillas que su propio Ejecutivo ha manejado institucionalmente: “Algunos dicen que las pandillas dejaron 120.000 muertos en El Salvador”, expuso. Acto seguido añadió: “Pero si revisamos las cifras de desaparecidos, de los cuales el 90% eran homicidios, nos daremos cuenta de que la diferencia es tan abismal que realmente la cifra real de homicidios es de arriba de 200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas en un país de seis millones de habitantes”.
De ser precisas las proyecciones del mandatario, El Salvador acumularía 80.000 desaparecidos: una tasa de 1.251 por cada cien mil habitantes. En otras palabras, uno de cada cien salvadoreños estaría desaparecido. Dos semanas después de aquel pronunciamiento, Bukele volvió a insistir en la red social X citando su discurso junto a un reporte de la Fiscalía sobre el hallazgo de dos cementerios clandestinos de la pandilla MS-13 con once víctimas.
Entre marzo de 2022 y agosto de 2026, el régimen de Bukele ha encarcelado a más de 92.000 personas bajo cargos de pertenencia a pandillas y ha impulsado juicios masivos para procesar a los responsables de los crímenes acumulados durante décadas. Sin embargo, la justicia y la reparación para los familiares continúan rezagadas.
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El 19 de junio de 2025, Bukele volvió sobre la narrativa de las cifras en X: “Durante años, miles de homicidios fueron ocultados como desapariciones. Las pandillas y el Estado maquillaban las cifras con fosas clandestinas. Hoy, con menos de 100 desaparecidos al año (antes eran más de 1.500), ya no hay duda: hubo una masacre sistemática oculta, a la par de la que todos conocíamos. Ahora viene el reto de encontrar todos esos cuerpos”, escribió.
Alba Rosales forma parte de la red de búsqueda. Su hijo Kevin desapareció el 17 de mayo de 2011 tras salir de la escuela, cuando fue secuestrado por integrantes de la MS-13 en el cantón Flor Amarilla, en Santa Ana. Desde entonces, Alba lo ha buscado entre los vivos —en hospitales y centros penales— y entre los muertos, en morgues y fosas clandestinas.
Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia sobre la desaparición forzada cita una reflexión de la psicóloga Silvia Zorio: “El desaparecido transita en el discurso de sus familiares como un muerto-vivo: como muerto, está siempre insepulto, y como vivo, es siempre objeto de ultrajes y torturas por parte de quien lo desaparece”. Alba suscribe esa definición: “Yo a veces le pregunto a Dios dónde estará. Pienso si se lo habrán llevado los de algún cártel mexicano. Otras veces solo le pido que me devuelvan aunque sea los huesitos para tener a dónde irlo a visitar”.
Cementerios clandestinos
Un informe sobre el fenómeno de la desaparición elaborado en 2019 por la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), al que tuvo acceso este medio, revela que hacia 2011 las denuncias superaron la barrera de las mil anuales. El repunte coincidió con los preliminares de la denominada “Tregua” entre las pandillas y el Gobierno de Mauricio Funes, período en el cual los homicidios cayeron drásticamente tras otorgarse beneficios carcelarios a los cabecillas a cambio de frenar la violencia en las calles.
Según el documento, entre 2011 y 2019 se interpusieron 18.735 denuncias por desaparición. De ese total, hacia 2019 el 60% de las víctimas habían sido localizadas con vida, mientras que el 40% permanecía sin ubicar. Respecto a los años previos, los datos son inexistentes. Paralelamente, la Fiscalía General de la República y la Policía han puesto bajo reserva la información vinculada al hallazgo de fosas clandestinas. Un reporte de inteligencia policial titulado Posibles cementerios clandestinos, información DIP 2020 catalogaba la ubicación exacta de 48 denuncias sobre fosas clandestinas reportadas hasta ese año.
En los recientes macrojuicios contra la cúpula de las maras, las delaciones de pandilleros colaboradores han comenzado a dimensionar la escala del problema. Durante el proceso contra 480 mandos de la MS-13, el testigo protegido clave con el alias Berlín aseguró que solo una clica (célula) de la estructura enterró más de 200 cuerpos en Nuevo Cuscatlán, la cuna política donde Bukele inició su ascenso administrativo como alcalde. Cabe mencionar que la pandilla contaba con un total de 248 clicas en el país.
Otros expedientes internos de la Policía, filtrados en el ciberataque conocido como Guacamaya Leaks, recogen testimonios similares. En octubre de 2019, un integrante del programa “Centro” de la MS-13 que operaba en el área metropolitana de San Salvador confesó a los investigadores la existencia de tres cementerios clandestinos sobre los que no hubo pronunciamiento público: el primero en “El Platanar”, en Moncagua (San Miguel), con más de 200 víctimas enterradas; el segundo en la finca “Nuevos Horizontes”, en San Martín, con cerca de 75 cuerpos; y el tercero en la “Poza del Muerto” (San Miguel), donde, según el testigo, “fueron sumergidas unos 25 cuerpos atados a piedras”. Registros de la prensa local consignan que solo dos de estos sitios han sido intervenidos por las autoridades, recuperándose apenas cinco cadáveres.
En junio de este año, La Prensa Gráfica reveló que sobre el terreno de Nuevo Cuscatlán donde los pandilleros señalaron la existencia de un cementerio con más de 200 cadáveres se edifica actualmente un proyecto residencial de lujo. La Fiscalía confirmó de forma parcial la intervención en la zona tras reportar el hallazgo de “varios restos óseos” y 21 cuerpos completos. La construcción, en una suerte de metáfora nacional, levanta fachadas de modernidad sobre los vestigios de una guerra no saldada: miles de muertos bajo tierra y miles de madres que rehúsan dejar de buscar.
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