Los presidentes de Estados Unidos acostumbran a dejar su huella en la Casa Blanca. Y luego está Donald Trump. Constructor de corazón, ha llenado el Despacho Oval de molduras doradas, como doradas son las letras estilo Mar-a-Lago, su mansión de Palm Beach (Florida), que ha colocado por todas partes. Ha pavimentado la zona de la Rosaleda, ha instalado un camino de granito oscuro que contrasta con el blanquísimo edificio y una galería presidencial llena de insultos y mentiras sobre sus predecesores. En ninguna reforma ha invertido tanto interés y capital político, con todo, como en el salón de baile que quiere construir donde una vez estuvo de el ala este, que él mismo decidió hace un año demoler sin pedir permiso.
La importancia que para él tiene la construcción de un espacio de unos 8.400 metros cuadrados (esto es, una superficie mayor que la propia Casa Blanca) con capacidad para un millar de personas y un presupuesto que ha ido creciendo hasta los 400 millones de dólares, volvió a quedar demostrada este fin de semana. Tras salir ileso del ataque frustrado de un hombre armado a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que Trump presidía en otro enorme salón en el hotel Hilton, el más grande de Washington, el republicano dijo a la prensa en una comparecencia improvisada que, de existir su propio salón de baile, que contará, prometió, con las mejores medidas de seguridad, algo así nunca habría sucedido.
Este lunes, un coro de políticos republicanos, personalidades MAGA (Make America Great Again) y comentaristas de la cadena conservadora Fox News se han sumado a los deseos de Trump. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a esa televisión que el salón será la “solución” ante amenazas como la de este fin de semana. El senador Lindsey Graham prometió, por su parte, que presentará una iniciativa de ley para “acelerar aquello que Estados Unidos necesita: un recinto seguro donde el presidente y otros puedan reunirse, pasar un buen rato y disfrutar sin poner en riesgo a la nación”.
Todos ellos parecieron recoger el guante echado por Trump, que el domingo estuvo llamativamente alejado de su red social, Truth. Escribió cinco mensajes en total, el más sustancioso de los cuales se refería a la construcción del salón de baile, cuyas obras no terminarían en todo caso hasta 2028. En ese año, Trump dejará de ser presidente; la ley no le permite presentarse a un tercer mandato.
“Lo que sucedió anoche [por el sábado] es precisamente la razón por la cual nuestras magníficas Fuerzas Armadas, el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y —por diferentes motivos— todos los presidentes de los últimos 150 años han estado EXIGIENDO que se construya un gran salón de baile”, escribió el presidente de Estados Unidos, que destacó que será “hermoso” y que contará con la “seguridad del más alto nivel”. No tendrá “habitaciones situadas encima por las que pudieran entrar personas sin autorización”, y formará parte, añadió, “del edificio más seguro del mundo: la Casa Blanca”.
Trump arremetía en su mensaje también contra que logró paralizar las obras en marzo pasado y que, según el presidente, la interpuso “una mujer que paseaba a su perro y que carece absolutamente de legitimación procesal”.
Fue en realidad una organización sin ánimo de lucro llamada Fundación Nacional para la Preservación Histórica, con sede en Washington, la que emprendió en diciembre acciones judiciales para forzar a Trump a someter sus planes a una revisión por parte del Congreso, algo que no hizo antes con el ala este, demolida en octubre. “Ningún presidente tiene la autorización legal para construir un salón de baile sin brindar a la opinión pública la oportunidad de opinar al respecto”, dice la demanda.
Los abogados de la Casa Blanca sostienen que esos terrenos quedan fuera del campo de acción de la Ley Nacional de Preservación Histórica. Los letrados de la fundación, constituida por el Congreso, argumentan son otras las leyes que Trump está infringiendo.
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Medida cautelar
En marzo, el juez de distrito Richard Leon, en Washington, dio la razón a estos últimos al aprobar una medida cautelar para detener las obras. El 16 de abril se reafirmó en esa decisión después de que un tribunal de apelaciones le pidió que lo hiciera a la luz de los argumentos de defensa de la seguridad nacional que esgrime la Casa Blanca.
Ese segundo fallo desató una tormenta de ira del presidente de Estados Unidos en su red social. Aquel día, mandó ocho mensajes, algunos de ellos, repetidos, en los que definía a Leon como un “juez que odia a Trump” y que “se está desviviendo por socavar la seguridad nacional y por asegurarse de que este gran regalo para Estados Unidos se retrase o no llegue a construirse”. El presidente insiste para su defensa del proyecto que el dinero para la construcción no saldrá del bolsillo del contribuyente, sino que lo aportarán donantes multimillonarios. Algunos son amigos personales del presidente. No está claro aún qué sacarán a cambio quienes aporten fondos.
Este domingo, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, publicó en su cuenta de X una carta que el Departamento de Justicia que dirige hasta nuevo aviso había enviado a la Fundación Nacional para la Preservación Histórica. La misiva califica la demanda de “frívola” y pide su retirada, porque ”pone en grave riesgo las vidas del presidente, de su familia y de su personal”.
La carta, firmada por Brett Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia, continúa así: “Espero que el incidente evitado por los pelos de ayer [por el sábado] les ayude a comprender de una vez por todas la insensatez de una demanda que, literalmente, no tiene otro propósito que pararle los pies al presidente Trump, cueste lo que cueste”. Shumate presiona a quienes presentaron la demanda para que dejen de impedir la construcción de un salón que permitiría dejar de usar el del Hilton, “que se ha demostrado ser poco seguro”.
El presidente de la fundación respondió con un comunicado en el que avisa de que no tiene “previsto desistir voluntariamente” de su cruzada. ”No pone en peligro a nadie; con la demanda nos limitamos a solicitar respetuosamente a la Administración que cumpla con la ley”.
Blanche insistió en su petición este lunes en una comparecencia conjunta con el directo del FBI para dar detalles sobre la investigación del autor del ataque, Cole Thomas Allen, al que el Departamento de Justicia había acusado poco antes de tres delitos. El más grave es el de “intento de asesinar al presidente de Estados Unidos”. Acarrea una pena máxima de cadena perpetua.
