Un alegato de supuesto “golpe de Estado” se convirtió en Costa Rica en el más reciente episodio inédito que alimenta la escalada de acusaciones del Gobierno, dirigido por la presidenta Laura Fernández y por el expresidente Rodrigo Chaves, contra el Poder Judicial, al que señalan como adversario de su discurso de transformación que pretenden asentar en el país, reconocido internacionalmente por su estabilidad y la calidad de su democracia.
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La acusación fue parte de la furiosa reacción del Poder Ejecutivo ante una sentencia de la Sala Constitucional para garantizar su funcionamiento a pesar de la resistencia del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a designar magistrados suplentes desde 2025, lo que provoca trastornos en el desempeño de ese tribunal y una acumulación de más de 100 expedientes. Las designaciones corresponden por ley a la Asamblea Legislativa, dominada desde mayo por el oficialismo, cuyo jefe de bancada, Nogui Acosta, dijo este mismo viernes que en adelante no acatarán las sentencias constitucionales por considerar que son ilegítimas.
“No tendría validez jurídica, porque estás usurpando un puesto. Eso que hizo la Sala es ilegal. No se puede dar legitimidad, porque no existe legitimidad en este caso”, dijo Acosta en televisión horas después de que Fernández, máster en Ciencias Políticas, se permitiera calificar la sentencia constitucional emitida el jueves como causa de un rompimiento de los mandatos de la Constitución.
“Esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único órgano autorizado para nombrar y destituir a los magistrados”, afirmó la mandataria en un video con su pose severa, rodeada de los diputados oficialistas obedientes a sus lineamientos y, sobre todo, a los de Rodrigo Chaves, expresidente que ahora ostenta un alto poder como ministro de Presidencia y de Hacienda. En ese mensaje, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, anunció que presentará una querella contra los cuatro magistrados “golpistas” y “usurpadores” que aprobaron la sentencia, por supuesta prevaricación. Otros tres magistrados votaron en contra.
La acusación de la mandataria se suma a numerosas críticas desde el chavismo contra el Poder Judicial, al que acusa de corrupción, de no ser suficientemente duro contra el crimen, de privilegios, de defender a políticos tradicionales y de torcer las leyes para oponerse al movimiento de corte populista que llegó al poder en 2022 con Rodrigo Chaves y se consolidó en febrero de 2026 con el triunfo de Fernández. Además, han ordenado recortes presupuestarios que, según autoridades judiciales, limitan la respuesta judicial contra el crimen organizado en el peor momento de violencia del país.
El fiscal general, Carlo Díaz, dijo en una entrevista a EL PAÍS que el Ejecutivo busca generar una suerte de caos para después aplicar medidas radicales que supriman derechos individuales, y le reprochó la falta de acciones contra las bandas criminales. Otros altos cargos del Poder Judicial han apuntado a conductas autoritarias del Ejecutivo, que aprovecha la preocupación popular por la inseguridad y las críticas de la población en años recientes por la falta de justicia pronta y cumplida.
La Sala Constitucional, en particular, ha sido uno de los principales blancos de las arremetidas oficialistas después de numerosos fallos adversos al Gobierno desde la administración de Chaves en temas como libertad de prensa, procedimientos legislativos, decisiones administrativas abusivas o derechos de migrantes, entre otros. El Poder Judicial también tiene decenas de causas pendientes contra Chaves y funcionarios del Gobierno.
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“Nefasto”, “desastroso”, “repudiable” y “torcido” son algunos de los adjetivos que le ha dedicado Chaves a fallos de la Sala Constitucional, pero ahora Fernández da un paso más y evidencia que el rechazo a nombrar magistrados suplentes iba más allá de supuestas objeciones a los candidatos propuestos por la Corte Suprema, pues también se opone a prolongar la vigencia de quienes tenían nombramiento hasta diciembre.
La reacción desde grupos críticos y desde el Poder Judicial también ha sido más fuerte. “Las democracias no se defienden solas”, contestó el magistrado Jorge Araya al señalar que, al contrario de lo que critica el oficialismo, la sentencia objetada intenta “restablecer el orden constitucional”. Lo mismo dijo el jefe opositor, Álvaro Ramírez, quien participó en el debate televisivo con Nogui Acosta y señaló que lo dicho por este es aún más grave, pues anuncia un desacato de las sentencias constitucionales venideras.
Varios expresidentes de la República, de distintas banderas, también abundan en reproches a Fernández. “El único responsable de llevar al país a una crisis institucional de peligrosas dimensiones es el Gobierno”, expresó Laura Chinchilla, socialdemócrata (2010-2014). “Les recuerdo: en Costa Rica el órgano con la competencia legal y constitucional para resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado es la Sala Constitucional”, expresó el conservador Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
El Poder Judicial es, como nunca antes, objeto del debate político ante las intenciones del Ejecutivo de librarse de o controlar la principal institución que funciona como contrapeso y que garantiza equilibrios fundamentales del sistema democrático, como dijeron magistrados en una sesión centrada en los efectos de recientes recortes financieros ordenados por Chaves en momentos de fuertes golpes de la policía judicial contra bandas narcotraficantes.
Entre estos, la captura de un hombre llamado Alejandro Arias, alias ‘Diablo’, señalado como uno de los principales factores del ascenso del narcotráfico, el lavado de dinero y los homicidios en los últimos años, durante los cuales estuvo en fuga pese a los esfuerzos de las autoridades costarricenses con colaboración estadounidense. Tras su detención, el viernes mediante un operativo que dejó a ocho oficiales heridos por el enfrentamiento armado de casi una hora, Chaves y Fernández han criticado con dureza a la policía judicial y han levantado dudas sobre su profesionalismo e intenciones, basados en informaciones no confirmadas que abundan en redes sociales afines al oficialismo.
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