La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que la banca mexicana se movió de forma preventiva para inmovilizar las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve implicados en una fuerte acusación de narcotráfico emanada desde Estados Unidos. El caso, que mantiene en vilo a la política mexicana, ha derivado en la entrega de dos exfuncionarios señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, mientras la mandataria ha sostenido que la investigación sobre narcopolítica no compromete a su partido, Morena.
La mandataria confirmó brevemente la información, después de que medios —incluido EL PAÍS— difundieran en días anteriores que el sistema financiero había bloqueado a los funcionarios de sus redes de servicio, con el objetivo de evitar sanciones financieras desde Washington. “Dado que hay una orden de aprehensión en EE UU contra diez personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, tomaron una serie de medidas y, de manera automática y preventiva, lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, añadió en su conferencia matutina.
Poco después, la UIF agregó que, a partir de reportes de prevención de lavado de dinero derivados del sistema financiero, incorporó a personas políticamente expuestas (PEP) de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), que suspende de inmediato cualquier operación o servicio con los clientes incluidos. No obstante, el organismo no nombró directamente a ningún implicado en su comunicado.
“Los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como PEP conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, dijo la unidad. La UIF fue cautelosa al señalar que las medidas buscan proteger la integridad del ecosistema, pero que no constituyen una “determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”.
“La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas”, añadió al dependencia de la Secretaría de Hacienda.
Sheinbaum ha descartado que la UIF esté investigando a los señalados, que incluyen al senador morenista Enrique Inzunza, por supuestamente coludirse con el violento Cartel de Sinaloa para exportar ingentes cargamentos de drogas e intimidar a sus contrincantes políticos. Conviene precisar que el organismo no cumple funciones de investigación, sino que recolecta que recolecta señales de alerta de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita que luego puede presentar ante las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República, para que inicien indagatorias. La unidad es un órgano técnico que tampoco puede bloquear cuentas o clientes de manera directa y que debe contar con la colaboración de las compañías para ejecutar las órdenes de inmovilización de recursos. En este caso, sin embargo, fueron las propias entidades las que activaron los primeros mecanismos de alerta.
La mandataria ha reiterado esta mañana que su Gobierno no protegerá a delincuentes, mientras recordó que la Fiscalía está avanzando una averiguación independiente a la de Estados Unidos, a quien ha solicitado –de nuevo– pruebas para justificar una extradición. Por su parte, Washington se ha anotado un punto a favor de su propia querella, con la captura de Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, quienes se entregaron voluntaria y discretamente la semana pasada.
Fuentes bancarias y del Gobierno federal explicaron a este diario el viernes pasado que las autoridades requirieron información a las entidades como parte de la investigación. Igualmente, hace dos semanas, directivos bancarios adelantaron que la industria había activado sus sistemas de prevención de lavado de dinero inmediatamente después de conocerse la acusación, a finales de abril, con el fin de filtrar y bloquear cuentas, clientes y movimientos sospechosos.
El sector tomó una posición defensiva luego de que un señalamiento de blanqueo de activos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE UU contra dos bancos y una casa de bolsa derivara en su rápida liquidación el año pasado. El cierre de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa se convirtió en una advertencia para la industria y precipitó cambios en la jefatura de la UIF, bajo presión por las acusaciones provenientes de Washington. En agosto de 2025, la presidenta nombró a Omar Reyes al frente de la unidad, un organismo que suele operar bajo la discreción propia de la inteligencia financiera.
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