Los vecinos de Montecarmelo se han anotado otra victoria en los tribunales frente al Ayuntamiento de Madrid, quizás la más grande hasta el momento y una de las más importantes para los movimientos vecinales en la capital: el Tribunal de Instancia de Madrid ha ordenado la paralización de las obras del cantón industrial con “carácter inmediato”. El juez ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Afectados por el Cantón, aludiendo a la falta de licencia urbanística y de un estudio de impacto medioambiental, además de la desprotección que sufren los menores de edad de los colegios cercanos a la parcela. Con este auto, ante el que cabe recurso de apelación, el consistorio no podrá reanudar las obras hasta que “se dicte sentencia firme” que ponga fin al proceso judicial abierto en los tribunales en contra del cantón.
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La Asociación de Afectados, que ha recibido con “júbilo” la noticia, había interpuesto un recurso en el que pedía la paralización tanto de las obras del cantón de limpieza como de la base del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) que prevé el proyecto técnico del ayuntamiento. En abril de 2025, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid declaró la nulidad de ese mismo proyecto tras una demanda presentada por el Colegio Alemán, un centro educativo a tan solo 60 metros de la parcela, por considerarlo una instalación industrial ―en la que habría un taller de reparación de vehículos pesados, una gasolinera, puntos de carga para vehículos eléctricos y actividades de evaluación de residuos― que, por sus características, requería de un informe de impacto medioambiental que determine las consecuencias negativas que podría tener el cantón en el entorno y los vecinos.
El carácter industrial del cantón, precisamente, ha sido una fuente constante de enfrentamientos entre el consistorio y los vecinos. El Gobierno de José Luis Martínez Almeida ha negado repetidamente que tenga esas características, a pesar de que su propio proyecto así lo reconoce. Los residentes se han mantenido firmes en que el ayuntamiento juega al engaño y la última estrategia del consistorio ya colmó la paciencia de los vecinos: el concejal presidente de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, anunció en un pleno del distrito el pasado 12 de marzo que “renunciaban” a la instalación del SELUR en la ubicación actual de Montecarmelo y que no existiría nada parecido en ningún otro lugar del barrio. “Única y exclusivamente van a quedar unas instalaciones de limpieza que van a dar cobertura, única y exclusivamente, a los 30 operarios que limpian Montecarmelo y también Mirasierra”, dijo Páramo, ante la incredulidad de los residentes.
Los vecinos pidieron que, más que palabras, el ayuntamiento pusiera por escrito sus intenciones, algo que nunca sucedió. En realidad, un mes después, el Ayuntamiento de Madrid confirmó las sospechas vecinales de que su idea no era construir solo “unos vestuarios”: presentaron al juez que lleva el caso judicial abierto por la Asociación de Afectados el mismo proyecto de siempre en el que se demuestra que las instalaciones del cantón tendrán carácter industrial.
La paralización de las obras es un nuevo mazazo para el Ayuntamiento de Madrid, para el área de Urbanismo que dirige el concejal Borja Carabante y, especialmente, para el alcalde, que ya ha afrontado varios varapalos judiciales desde que está en el cargo. Almeida primero mantuvo una postura apaciguadora con los vecinos, reconociendo su respeto “total y absoluto” a sus quejas. Sin embargo, luego pasó a la confrontación y dijo que la lucha de Montecarmelo estaba basada en “leyendas y mentiras” y que solo querían “asustar” y “engañar” al resto de ciudadanos. El regidor llegó a ironizar diciendo que los afectados hablaban del cantón como si fuera “Chernóbil”. “¿Ahora quién miente, señor alcalde?”, dice un portavoz de la Asociación de Afectados, que celebra esta victoria como “una de las más grandes” para los movimientos vecinales madrileños.
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Aunque el ayuntamiento se empeña en minimizar la magnitud y el impacto del cantón, lo cierto es que el juez ha considerado que existen indicios suficientemente serios de posible nulidad administrativa, ya que podrían existir defectos de forma en la tramitación administrativa del proyecto. El auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, reconoce que la aplicación de la medida cautelar se apoya, además, en una “actitud errática” por parte de los representantes políticos que “han anunciado cambios de singular calado en el proyecto” que no se están llevando a cabo.
Además, la justicia considera relevantes los prejuicios que pueden surgir de que las obras sigan desarrollándose mientras se espera que llegue una sentencia firme. El ayuntamiento se ha aprovechado de que la sentencia de 2025 a favor del Colegio Alemán está recurrida para reactivar las obras. Los vecinos consideran que lo que tratan de llevar a cabo es una táctica de “tierra quemada”, es decir, avanzar todo lo posible, incluso al margen de la legalidad, para terminar el proyecto y hacerlo irreversible, aunque luego la justicia determine que el cantón no se puede quedar en ese lugar.
El auto que paraliza las obras reconoce precisamente esa posibilidad. “Todo ello apuntala la apariencia de que la ejecución de las obras sin esperar a la terminación del procedimiento podría acarrear consecuencias indeseables no solo para los vecinos (…) sino para el propio erario público, pues podría producirse un extraordinario desembolso de dinero que, en caso de sentencia estimatoria, habría sido malgastado”, se lee en el documento.
En febrero las excavadoras y perforadoras regresaron a Montecarmelo y no se han ido. Desde entonces, son los estudiantes del Colegio Alemán, a 60 metros de la parcela, y también los de la escuela infantil Sol Solito, a 100 metros, los que están sufriendo las primeras consecuencias del ruido y el trasiego constante de maquinaria.
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