El juez de derechos humanos chileno Álvaro Mesa realizó la útima diligencia que faltaba para confirmar la identidad de Bernarda Rosalba Vera Contardo, una mujer de 80 años hallada viva en Argentina en 2025 que figuraba en el listado de las 1.162 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Y, este lunes, el magistrado ha dado a conocer los resultados de una prueba de ADN, que ha acreditado que “la probabilidad” de identificación Vera “es superior al 99,9999%”.
Meza entregó los resultados a los familares de la mujer, que tiene una hija, a la que Bernarda Vera dejó de ver en 1973, y que siempre creyó que su madre estaba desaparecida. La pruebas coincidieron con el perfil genético, y se realizaron con muestras de sus familiares, que estaban disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal (SML).
El caso de Vera fue descubierto en 2024, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia que impulsó Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). En ese contexto, una de sus investigadoras, la periodista Pascale Bonnefoy, que a principios de 2024 indagaba sobre las víctimas de Neltume, en el sur chileno, que eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), preguntó en la zona por Bernarda Rosalba Vera Contardo. Halló incongruencias en los relatos, pues testimonios extrajudiciales le señalaron que la mujer, quien estaba condenada a muerte, habría logrado huir de Chile a finales de 1973 —sin que su familia lo supiera— y que podría residir en Argentina.
Vera Contardo, quien usaba el nombre político Anita, además figura en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), que impulsó el presidente Patricio Aylwin (1990-1994). Es nombrada como una profesora que en 1973 tenía 27 años y una hija de cinco, y que fue detenida por militares el 10 de octubre de 1973 y que “se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén” junto a otros 15 detenidos de Liquiñe.
La familia de Vera perdió su rastro el fin de semana previo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Fue la útima vez que sus padres y su hija la vieron con vida.
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La madrugada del 12 de septiembre de 1973, un grupo de miristas protagonizó un asalto, que resultó frustrado, al retén de Carabineros en Neltume, en la precordillera, en la que pretendían hacerse de las armas para defender al derrocado Gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Bernarda Vera habría sido parte de ellos, y los militares la buscaban a viva voz por las calles. Algunos excompañeros de militancia también han señalado que estuvo en Neltume.
La investigación de Bonnefoy fue la base para la indagatoria reservada que inició el juez Álvaro Meza, que en octubre de 2025 abrió un cuaderno reservado. Parte de esa diligencias era realizar la prueba de ADN.
Junto al caso de Vera, el Plan de Búsqueda también logró que se reconociera como víctima oficial de la dictadura a Luis Pinto Soto, un adolescente de 15 años que desapareció en julio de 1986 en la víspera de una gran protesta nacional en contra de la dictadura.
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