Hay una lectura instalada en la clase política chilena que da por sentado que la agenda de seguridad del Presidente Kast será un trámite fácil. La intuición no es descabellada, toda vez que la seguridad es uno de esos temas donde el costo ciudadano de bajarse del barco es altísimo. Nadie quiere aparecer votando (o pareciendo votar) en contra de perseguir a las bandas criminales, mucho menos en un país donde las encuestas ubican a la delincuencia entre los problemas prioritarios y al crimen organizado como la principal amenaza en seguridad. Pero esa lectura de consenso fácil ignora que tanto el oficialismo como la oposición llegan a este debate con ripios propios, y que se enfrentarán a un terreno complejo en términos de discusión legislativa y percepción ciudadana.
Por una parte, el Gobierno enfrenta en seguridad un escenario distinto al de la megarreforma, donde tuvo enfrente a una oposición que mostró su cara más débil, incapaz de construir una alternativa (unitaria o segmentada que fuera) que le permitiera negociar con algo de poder, y que terminó trasladando la pelea al Tribunal Constitucional sin lograr articularse como actor con capacidad de negociación ni de daño político real.
En seguridad, en cambio, La Moneda se topa con una oposición que sí tiene una bandera de lucha unitaria, técnica y de alta comprensión ciudadana: el levantamiento del secreto bancario y la persecución de la ruta del dinero del crimen organizado.
Por lo demás, el Gobierno llega a esta discusión ya expuesto, con un flanco abierto desde el arranque mismo de su gestión en seguridad (la salida de Steinert) que se agudizó en junio, cuando la PDI detuvo a un ejecutivo del Banco Santander por operar cuentas puente que lavaron cerca de 78.000 millones de pesos del Tren de Aragua. El episodio le puso nombre y cifra concretos al mismo reclamo opositor. ¿Cómo se puede golpear el corazón financiero del crimen organizado si no se sigue el dinero? Ahí la discusión se ve áspera y más que puramente legislativa. Ese es el ripio para La Moneda.
Pero el ripio también existe para la oposición, y es de naturaleza distinta. Tiene que calibrar con cuidado dónde pone los límites, porque cualquier veto en seguridad se lee de inmediato como entorpecer una agenda sensible para la ciudadanía. La oposición tendrá que medir con precisión dónde incidir, dónde ceder y dónde levantar la voz.
Ahí aparece el verdadero campo minado, la frontera entre control y libertades públicas. La reforma constitucional que crea el nuevo estado de excepción para zonas capturadas por el crimen organizado contempla interceptación de telecomunicaciones, toques de queda, y restricción del derecho a reunión y de desplazamiento. Es la arista donde el debate deja de ser técnico y se vuelve doctrinario, y vuelve a instalarse con fuerza el eterno dilema entre más control policial y menos libertades individuales.
Es allí donde la oposición debe estar particularmente alerta, pero más bien desde la estrategia comunicacional, porque el debate sobre deterioro democrático no corre parejo. La advertencia aparece con más fuerza en organismos de derechos humanos, líderes de opinión y sectores de oposición, mientras que en el oficialismo el cuestionamiento, aún cuando marginal, se plantea en términos de eficacia y no de riesgo autoritario. Kast, de hecho, invierte el argumento cuando sostiene que la democracia se pone en riesgo si no hay seguridad. El desafío no es nombrar el peligro, sino disputarle al Gobierno el sentido común de que más poder estatal implica automáticamente más seguridad, dando la batalla correcta y sabiendo cómo comunicarla, aprovechando fracturas como la que ya asoma entre senadores oficialistas como Walker y Longton, que dudan de la necesidad misma de la reforma constitucional, frente a otros que la defienden como herramienta inédita.
La seguridad no va a ser el trámite fácil que ambos bloques creen. Es un campo minado real, donde cualquier paso en falso (una frase, un veto, un artículo aprobado sin matices o cómo comunicas tus posturas) puede estallarles en la cara. Y lo que se pierde en esa explosión no es solo una mala semana de prensa, es la agenda completa, la legitimidad del discurso con que cada bloque llegó a este debate, y la validación que la ciudadanía todavía está dispuesta a darles. Gobierno y oposición lo saben, o deberían saberlo, porque en este terreno no hay margen para pasos en falso.