El Gobierno de Donald Trump pidió este viernes a la Corte Suprema que le permita continuar la construcción de un salón de baile donde estaba antes el Ala Este de la Casa Blanca. Una corte de apelaciones puso recientemente en jaque su avance, al considerar que el proyecto de 400 millones de dólares financiado por donantes privados debe contar con el aval del Congreso.
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A pesar de la decisión del tribunal apelativo del Distrito de Columbia el 7 de agosto, la construcción del salón de poco más de 8.300 metros cuadrados ha continuado, pues esa corte dio al Gobierno hasta el 21 de agosto para que desafiara el fallo ante el Tribunal Supremo.
Usando otra vez el llamado expediente de emergencia del máximo tribunal, el procurador general de Trump, John Sauer, catalogó de “extraordinario e ilegal” el freno judicial y centró parte de sus argumentos en el hecho de que el plan ahora contempla también la construcción de un complejo militar “vital para la seguridad nacional”. Citando al director de inteligencia nacional, Jay Clayton, Sauer afirmó que “el proyecto es crucial para asegurar que la Casa Blanca pueda usarse como un lugar seguro para los encuentros del presidente y sus funcionarios de alta jerarquía”.
“Si se permite que el freno judicial entre en vigor, la injunction colocaría a un juez de distrito como el único árbitro de qué construcción adicional es estrictamente necesaria para proteger al presidente, su familia y equipo, y a los visitantes de la Casa Blanca”, agregó el procurador en su solicitud a la Corte Suprema.
El plan que modifica significativamente parte de la Casa Blanca —al punto que el salón de baile superaría en tamaño a la residencia presidencial— ha sido eje de una pelea judicial desde el año pasado, cuando Trump demolió el Ala Este para levantar el fastuoso salón de actividades y el Fondo Nacional para la Conservación Histórica, una organización sin fines de lucro que tiene la misión de proteger los edificios históricos, demandó para tratar de bloquear la nueva construcción.
En medio de la controversia, la Administración sumó un elemento al plan, un complejo militar subterráneo para reforzar la seguridad de la Casa Blanca. “El presidente ha sido blanco de un creciente número de intentos de asesinatos, incluyendo el de un asesino fuertemente armado que rompió el perímetro de seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca”, escribió el procurador en su petición al Supremo.
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Esgrimió, además, que el Congreso ha autorizado a los presidentes a renovar, asegurar y proteger la Casa Blanca y sus inmediaciones, y que el freno judicial a la construcción del salón de baile supone entonces un exceso. Las cortes inferiores han considerado lo contrario, que fue Trump quien excedió su autoridad pasando por encima del Congreso. Queda en manos de la Corte Suprema evaluar el asunto y lo que decida puede ampliar o poner límites al Ejecutivo. El juez presidente, John Roberts, es quien evalúa las peticiones del expediente de emergencia relacionadas con el Circuito del Distrito de Columbia y dio al Fondo Nacional para la Conservación Histórica hasta el próximo martes para responder al pedido del Gobierno.
El Supremo, con seis magistrados conservadores de los nueve que tiene en total, dio en el pasado período luz verde a varias de las medidas más duras de Trump. Le permitió despedir sin una causa de peso a funcionarias de agencias independientes y poner fin a los amparos migratorios de miles de personas cuya seguridad estaría en riesgo si regresan a sus países de origen.
Sobre el proyecto del salón de baile, Trump ha dicho que los cientos de millones que costará saldrán de donantes privados. Sin embargo, medios como The Washington Post han reportado la transferencia de cerca de 350 millones de dólares del presupuesto del Servicio Secreto para mejoras a la seguridad en la Casa Blanca, dinero que se cree pudo ir al proyecto del salón de baile.
Sin importar de dónde hubiesen salido los fondos, el tribunal de apelaciones consideró que el proyecto trastoca el control del Congreso sobre la propiedad federal y los lugares históricos y su poder presupuestario. “Esta decisión no tiene nada que ver con si es deseable o no el salón de baile propuesto como un asunto de política. Este fallo ni siquiera significa necesariamente que los demandados no puedan finalmente construir el salón. Lo que significa es que los demandados no pueden hacerlo en el transcurso del litigio en la corte de distrito sin antes contar con la autorización del Congreso, como lo requieren la ley y la Constitución”, consideró el tribunal apelativo en su determinación de inicios de agosto.
Es incierto qué puede pasar con este asunto en el Congreso. Una votación realizada en junio no alcanzó los 60 votos necesarios para frenar la construcción.
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