El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández sigue acumulando victorias judiciales. Este lunes, tras regresar a Tegucigalpa indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y después de que un juez local suspendiera temporalmente la orden de captura emitida en su contra en diciembre pasado, un juzgado de crimen organizado le permitió enfrentar en libertad un proceso por el presunto desvío de más de diez millones de dólares de fondos públicos que, según la Fiscalía, terminaron financiando su campaña presidencial de 2013.
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Tras una llegada victoriosa con miles de personas coreando su nombre en el aeropuerto de Palmerola, hace poco más de una semana, esta vez el exmandatario salió de un juzgado también siendo vitoreado. El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó “medidas cautelares” para el expresidente, incluida la de prohibición de salida del país. El juzgado negó la exigencia de la Fiscalía, que había pedido que el expresidente fuera encarcelado.
Hernández llegó cerca de las 9:00 de la mañana a la sede del Judicial de Honduras, en Tegucigalpa, en medio de un fuerte operativo policial, custodiado por un séquito de guardaespaldas y acompañado de su esposa, Ana García de Hernández, su madre y dos de sus hijas, además de un equipo de abogados. Antes de ingresar a las instalaciones del Supremo, Hernández dijo a la prensa que se encontraba en una situación de “indefensión” y en un “limbo jurídico” dado que no se había resuelto un recurso interpuesto por su defensa para posponer la audiencia.
El viernes pasado, la defensa pidió reponer la audiencia programada para este lunes, luego de que se conociera que el magistrado designado inicialmente por la Corte Suprema se declarara incompetente para conocer el caso por no tratarse de un funcionario público. La solicitud fue rechazada.
“Nuestro representado se siente bajo un caso de persecución política porque se le está dando un trato diferente a los otros co-imputados de la causa que ya fueron sobreseídos”, dijo su abogado, Alejandro Sevilla, antes de que iniciara la audiencia. Sevilla dijo sentirse seguro del resultado desde un principio. “El señor Juan Orlando se ha presentado voluntariamente, y descartamos que se le pueda aplicar una medida privativa de libertad. Estamos confiados en que se va a tomar en cuenta la actitud del expresidente de presentarse por su cuenta”, dijo al llegar al juzgado.
En marzo de 2014, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de Honduras incautó 131 bienes al expresidente y a su núcleo familiar que presuntamente habrían sido obtenidos de manera ilícita. Entre los bienes hay 32 inmuebles y 80 cuentas bancarias.
La Fiscalía hondureña acusa al expresidente Hernández de los delitos de fraude y lavado de activos por el presunto desvío de 288 millones de lempiras (unos $10.7 millones de dólares) de fondos públicos, de los que unos 2,3 millones de dólares habrían ido a financiar su campaña presidencial de 2013, cuando fue electo por primera vez.
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Una investigación del medio ContraCorriente, que cita la investigación fiscal, señala que Hernández habría “recibido y administrado dinero extraído ilegalmente del Estado” mediante un esquema que utilizó dos organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, para ocultar el origen de los fondos y canalizarlos hacia la campaña.
El caso, conocido como Pandora II, sostiene que esas fundaciones firmaron convenios irregulares con instituciones públicas y recibieron más de 288 millones de lempiras (unos diez millones de dólares) provenientes de entidades como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas y Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Bandesa). La investigación afirma que parte de ese dinero terminó financiando gastos de la campaña del movimiento Azules Unidos, un movimiento político interno del Partido Nacional de Honduras, con el que corría el entonces candidato.
Según la investigación, el dinero desviado sirvió para pago de publicidad, asesores políticos, boletos de avión, alquiler de helicópteros y aeronaves para familiares del entonces candidato, la impresión de material propagandístico, salarios de coordinadores políticos e incluso la compra de un reloj Rolex valorado en 9.900 dólares que habría sido entregado como obsequio a un asesor.
La Fiscalía sostiene que el expresidente fue beneficiario directo e indirecto del esquema. El caso cobra especial relevancia luego de que Hernández regresara a Honduras tras recibir un indulto en Estados Unidos por su condena por narcotráfico y se dispusiera a comparecer ahora ante la justicia hondureña para responder por estas acusaciones.
Con este nuevo proceso, Hernández vuelve a ocupar un lugar central en la política hondureña. Aunque ya no ejerce el poder, su figura sigue proyectándose sobre el Gobierno de Nasry Asfura, su correligionario en el Partido Nacional. Cada resolución a su favor fortalece la imagen de Hernández al mismo tiempo la de Asfura languidese en apenas sus primeros seis meses en el poder.