El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha aceptado este jueves la renuncia de Juan Pablo Rodríguez Oyarzún como subsecretario de Hacienda, después de que se conociera que había dado positivo en un test de drogas. El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, ha confirmado que Rodríguez, tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, dio positivo en otro examen efectuado en junio.
Read more The PP asks Judge Pedraz to remove the Civil Guard director’s command capacity over the UCO
Alvarado ha explicado que todavía está pendiente un análisis de contramuestra: “El subsecretario además nos ha comunicado que se realizará exámenes en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo”. El propio Rodríguez, de 36 años, había informado antes el motivo de su renuncia a través de una declaración pública, en la que sostuvo que el resultado de la última prueba de estupefacientes “no refleja mi realidad”. “No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”, afirmó.
El político de derecha ha sido reemplazado en la Subsecretaría de Hacienda por el actual coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores, Tomás Bunster Bustamante. El ingeniero civil, con un magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pertenece al círculo cercano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y asumirá en calidad de subrogante, según un comunicado de la Presidencia.
Rodríguez había sido una pieza clave en las negociaciones con los parlamentarios durante la tramitación legislativa de la megarreforma del Gobierno de Kast, interviniendo en la discusión de los ejes del proyecto al que solo le queda pendiente por aprobar una norma para ser despachado completamente por el Congreso. Es independiente, aunque cercano al Partido Republicano, y fue candidato a la Convención Constitucional en mayo de 2021. Seis meses después compitió para ser diputado independiente, con un cupo de la UDI, pero tampoco fue electo.
Había tenido una experiencia incipiente en la Cámara de Diputados entre 2011 y 2012, año en que se desempeñó como asesor legislativo. Luego fue parte del equipo del ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), donde coordinó a un grupo de abogados que hacía seguimiento a la agenda de La Moneda en el Congreso.
También fue durante casi una década director ejecutivo de la Fundación P!ensa, un centro de estudios nacido en la región de Valparaíso que promueve el desarrollo de propuestas sobre descentralización, la modernización del Estado y el desarrollo regional.
Read more The displacement of the battlefield
La salida de Rodríguez no es la primera que sucede en el Gobierno de Kast por dar positivo en una prueba de drogas. El 24 de junio, el entonces secretario regional ministerial (seremi) de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell, luego de que una prueba detectó sustancias ilícitas en su organismo.
Antes de que el Gobierno de José Antonio Kast asumiera el poder el 11 de marzo, la mayoría de los integrantes de su Gabinete se sometió a exámenes para detectar el consumo de drogas. “Todos tenían muy claro que, antes de asumir sus cargos, debían realizarse la prueba de pelo”, afirmó el presidente a comienzos de abril.
Kast hizo esas declaraciones después de someterse voluntariamente a un test de drogas, en respuesta a un requerimiento presentado ante la Contraloría General de la República por tres parlamentarios socialistas. La acción buscaba fiscalizar si las autoridades del Ejecutivo habían cumplido con la obligación legal de realizarse este examen al asumir sus funciones.
En esa ocasión, el mandatario anunció que enviaría un proyecto de ley al Congreso para ampliar la normativa vigente y extender la obligación de someterse a estos exámenes a diputados, senadores, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales (cores), dirigentes de partidos políticos con representación parlamentaria y financiamiento público, así como al propio presidente de la República.