Marvin Dunn se mueve con sorprendente agilidad entre los canteros de lechugas, coles y papas en su finca comunitaria en Overtown, un barrio histórico afroamericano de Miami que fue fracturado por la construcción de la autopista interestatal en los años sesenta. La finca, yuxtapuesta entre la I-95 y los rascacielos que se apretujan en el cercano downtown, es una especie de oasis donde el historiador de 85 años, una de las voces más reconocidas sobre la historia de la segregación en Florida, organiza charlas, reparte libros prohibidos y ahora prepara una nueva batalla judicial para frenar la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump a poco más de un kilómetro de allí.
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“Está mal que un presidente haga esto, cualquier presidente, no solo este. Estaría igual de molesto si [el expresidente Barack] Obama hiciera algo así”, dice a la sombra de un árbol el autor, activista y exprofesor universitario. “Ningún presidente debería apropiarse de terrenos que realmente pertenecen a las futuras generaciones de estudiantes de nuestra comunidad. Ningún presidente debería quitarles tierras a los estudiantes para beneficio comercial personal, y eso es exactamente lo que es esto. Esto no va a ser una biblioteca, va a ser un negocio, apartamentos de lujo para beneficio directo de la familia Trump”, agrega.
Dunn ya había intentado frenar el proyecto el año pasado, cuando demandó al Miami Dade College (MDC) alegando que la junta directiva había cedido el terreno —propiedad de la universidad desde hace años— para la biblioteca presidencial sin suficiente aviso ni debate público, en violación de las leyes de transparencia de Florida. La junta del MDC repitió la votación con la notificación requerida y un juez desestimó la demanda en diciembre.
Pero ahora Dunn volvió a la carga con una demanda federal presentada a nombre de su organización comunitaria, Dunn’s Overtown Farm, junto a dos residentes del downtown y un estudiante universitario. El litigio busca bloquear la transferencia del terreno de más de 10.000 metros cuadrados junto a la emblemática Torre de la Libertad, valorado en decenas de millones de dólares y cedido por el Estado de Florida por 10 dólares para la biblioteca presidencial de Trump.
Los demandantes sostienen que el proyecto viola la cláusula de emolumentos de la Constitución estadounidense, que prohíbe que un presidente reciba beneficios financieros más allá de su salario oficial.
“La entrega por parte de Florida de un terreno valioso al presidente Trump viola de manera flagrante la cláusula de emolumentos”, dice Gerald Greenberg, el abogado de los demandantes. “El presidente y su familia han dejado claro que, a diferencia de otras bibliotecas presidenciales, pretenden utilizar estos terrenos para obtener ganancias”.
Dunn lo resume así: el gobernador Ron DeSantis “quiere llevarse el crédito político, y eso es ilegal. Texas puede aparecer y decir: ‘Les vamos a dar 10.000 acres de terreno’; otro Estado puede ofrecer derechos petroleros. ¿Dónde termina eso? Se convierte en una competencia para ganarse el favor del presidente en función de lo que le den. Las personas que redactaron la Constitución anticiparon precisamente este problema. Y aquí estamos, frente al primer presidente que realmente ha puesto a prueba ese límite”.
Para Dunn, el proyecto representa una pérdida para futuras generaciones de estudiantes de Miami, azotada por la gentrificación, el auge inmobiliario y la emigración. Dice que se sintió “personalmente herido” por el proyecto. “Tengo nietos. Mis nietos podrían haber querido ir a Miami Dade College, podrían haber querido involucrarse en la agricultura urbana. Sentí que esto era una agresión contra mi propia familia, contra el futuro de mis nietos”.
Los planes del proyecto divulgados muestran un ambicioso complejo con una torre de 47 pisos que funcionará como un hotel, condominios de lujo, oficinas, restaurantes y espacios comerciales, así como áreas dedicadas a la biblioteca presidencial. Dunn sostiene que se trata de un emprendimiento inmobiliario comercial de lujo disfrazado de biblioteca presidencial, y que el terreno debía servir para estudiantes y usos comunitarios.
“Podrían construir esa biblioteca en Mar-a-Lago, en West Palm Beach” —donde Trump tiene su residencia— “pero allí no produciría los millones de dólares que produciría en el downtown de Miami”, dice Dunn. También podrían haber pensado en universidades que tienen grandes espacios disponibles, pero en el downtown “es donde está el dinero”, agrega.
Durante años, Dunn ha trabajado con estudiantes del Instituto Culinario del MDC en programas de agricultura urbana en la finca comunitaria, donde aprenden a cultivar alimentos en espacios urbanos, e incluso ayudó a intentar desarrollar un jardín comunitario en el campus Wolfson, una iniciativa que finalmente no prosperó por falta de terreno. El espacio cedido para la biblioteca presidencial podría haberse utilizado precisamente para proyectos comunitarios similares. “Este jardín podría estar en esos terrenos que están entregando”, señala.
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Tampoco quiere que la fundación de la biblioteca presidencial “venga ahora a decir: ‘Bueno, le vamos a dar a Miami Dade College uno o tres millones de dólares’. Eso son migajas comparado con lo que van a sacar de ese edificio. Como mínimo, si construyen apartamentos de lujo en esos terrenos y la Fundación de la Biblioteca Trump empieza a recibir dinero por ellos, Miami Dade College debería recibir una parte de esos ingresos de manera permanente. Mientras haya personas pagando por esos apartamentos, parte de ese dinero debería ir al college”, dice. Pero “eso implicaría abrir sus libros contables y permitir que se sepa quiénes están invirtiendo, quiénes son los inversionistas extranjeros y de dónde viene el dinero. No creo que la Fundación de la Biblioteca Trump acepte algo así. Creo que preferirían mudarse a otro lugar antes que compartir los beneficios financieros de este proyecto con Miami Dade College”.
Un trámite de 10 dólares
El MDC había adquirido el terreno desde 2004 por más de 24 millones de dólares, con el objetivo de ampliar su campus en el downtown. El sitio actualmente funciona como un estacionamiento de empleados. La presidenta del MDC, Madeline Pumariega, transfirió en enero la escritura del terreno por 10 dólares a una junta estatal administrada por el gobernador DeSantis, que lo transfirió al mes siguiente a la Fundación Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, también por 10 dólares.
En una encuesta de la firma Bendixen & Amandi en Miami-Dade, el 74% de los encuestados se mostró en contra de la entrega del terreno.
Dunn también considera ofensivo que se levante junto a la Torre de la Libertad, un símbolo del exilio cubano, en una ciudad azotada hoy en día por las políticas antiinmigrantes de Trump. “¿No es una paradoja que quieran construir esa cosa justo al lado de la torre?”, pregunta.
“Creo que ahora mismo la visión básica de muchos estadounidenses blancos es que este es un país blanco, y que esa condición está amenazada por la inmigración de personas morenas”, dice Dunn. “Y la mejor manera de detenerlo es limitar la inmigración de personas negras o morenas. Es un intento de mantener a Estados Unidos como un país blanco, y está condenado al fracaso”.
Dunn trabajó por más de tres décadas como profesor de psicología en la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde llegó a dirigir el departamento antes de retirarse en 2006. Nacido en 1940 en DeLand, en el centro de Florida, en una familia de trabajadores agrícolas, Dunn sirvió en la Marina por siete años, es autor de varios libros sobre la historia afroamericana en Florida y ha dedicado gran parte de su carrera a rescatar historias de violencia racial y segregación que han quedado fuera de los textos de historia oficiales.
Su libro Black Miami in the Twentieth Century es considerado una obra de referencia sobre la historia de la comunidad negra de Miami. En 2020, tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, fundó el Miami Center for Racial Justice, una organización enfocada en preservar la memoria histórica. También ha sido una de las figuras más visibles contra las restricciones a la enseñanza de la historia racial en Florida impulsadas por el gobernador DeSantis, que incluso han prohibido ciertos libros.
Dunn reparte esos libros prohibidos y ofrece tertulias sobre historia afroamericana bajo un árbol en el campus de FIU del suroeste de Miami. En Overtown, también dirige Roots in the City, un proyecto de agricultura urbana para transformar terrenos abandonados en huertos comunitarios.
Dunn asegura que, aunque en la comunidad “hay indignación y mucha gente que cree que esos terrenos nunca debieron regalarse”, “también hay mucho miedo”. “Hay personas que en privado me dicen que están de acuerdo conmigo, pero no quieren aparecer públicamente asociadas a esta demanda” por temor a represalias.
“Nunca me había sentido tan solo en mi vida”, admite. “Tengo amigos en la academia desde hace 30 años que ya ni siquiera me devuelven las llamadas, porque no quieren verse asociados con algo que pueda proyectarles una sombra por lo que estoy haciendo. Hay personas que, en mi opinión, deberían dar un paso al frente y sumarse públicamente a este esfuerzo, que en privado me dicen: ‘Estamos contigo, pero no voy a unirme a tu demanda. Es demasiado arriesgado. Esta gente son matones, pero buena suerte’. No intento sonar como un héroe ni nada parecido, pero el apoyo verbal solo llega hasta cierto punto”.
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