Los terrenos en Berkshire que Pippa Middleton y el banquero James Matthews compraron en 2021 han sido un quebradero de cabeza para la hermana de la princesa de Gales y su marido. Lo que prometía ser un ilusionante negocio familiar no salió como esperaban y, tras cinco años de trabajo, la pareja se vio obligada el pasado mayo a vender la granja Buckleberry Farm, parte de la propiedad, tras acumular una deuda de 807.543 libras esterlinas (unos 935.000 euros al cambio actual). La granja, de 29 hectáreas y a menos de dos horas en coche de Londres, funcionaba como un safari de ciervos y ofrecía actividades como paseos en tractor, interacción con animales y juegos infantiles. En un intento de reflotar el proyecto, el matrimonio solicitó un permiso para construir en sus terrenos una guardería infantil, que le fue denegado por las autoridades locales, con las que ha mantenido un constante enfrentamiento en los últimos años. Eso sí, acaban de ganar una batalla a los vecinos, con los que estaban enfrentados por el uso de un camino.
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Middleton y Matthews fueron acusados de poner en riesgo a la ciudadanía después de instalar puertas eléctricas a 70 metros de la entrada de su mansión y de colgar carteles con letreros de “Prohibido el paso” y “Propiedad privada: acceso restringido”, que impedían el acceso de los peatones. Los vecinos aseguraban que ese camino había sido utilizado por generaciones y que, tras la llegada del matrimonio, se habían visto obligados a modificar el recorrido. El banquero presentó una notificación de declaración para indicar que no era accesible al público, pero fracasó después de que el consejo de West Berkshire aprobara la solicitud de la Asociación de Senderistas en la que alegaban que este camino se había utilizado libremente durante más de 20 años. El matrimonio impugnó la decisión en mayo y, tras meses de espera, han recibido una buena noticia al respecto. La hermana de Kate Middleton ha conseguido ahora el derecho a impedir el paso del público por ese sendero que atraviesa la finca familiar, argumentando que ponía en riesgo la seguridad de su familia.
Pippa Middleton fue acusada de sugerir que su parentesco con la realeza justificaba prohibir el acceso al público para proteger su privacidad y seguridad. En mayo, tras impugnar la decisión, se celebró una investigación pública. Ken Taylor, inspector de urbanismo designado por el Gobierno británico, explicó al matrimonio que no podían ampararse en sus preocupaciones de privacidad y seguridad para justificar el cierre del camino.
Sin embargo, este lunes, tal y como recogen los medios británicos, Taylor ha cambiado de opinión al dictaminar que “no había pruebas suficientes de que el sendero fuera utilizado libremente por los excursionistas” y ha revocado su designación como vía pública. “Agradecemos la cuidadosa consideración de los hechos y el tiempo invertido por todas las partes”, ha declarado un portavoz de la pareja a The Times. El citado medio también recoge unas declaraciones de Tony Vickers, concejal local: “Me sorprende y me decepciona mucho que el inspector se haya puesto del lado del propietario. Tras asistir a casi toda la investigación, no vi ningún argumento relevante por parte del señor Matthews”.
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Los residentes afirmaban en su denuncia que ese sendero proporcionaba una conexión importante con un camino público que atraviesa la finca desde las zonas periféricas y la iglesia del pueblo. Tras la prohibición del paso por la zona, los excursionistas se veían obligados a utilizar un camino rural mal señalizado y sin aceras, al que ahora tendrán que volver.
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“Esto tiene implicaciones para mi familia, debido a su alto perfil público, lo que implica la necesidad de un mayor nivel de seguridad del que sería necesario en otras circunstancias. Para mejorar la seguridad de mi familia, antes de mudarnos, hice que se instalara una puerta de seguridad eléctrica en la entrada”, afirmó Matthews durante la investigación.
Para la defensa de la propiedad privada, el matrimonio contó con el apoyo de la viuda de sir Terence Conrar, quien les vendió la finca tras el fallecimiento de su marido. “En los 30 años que viví en Barton Court, solo vi a una persona usando el camino de entrada que no debería haber estado allí… Basta decir que nunca observé a ningún grupo organizado de excursionistas usando el camino de entrada”, declaró en la comisión.
Los vecinos calificaban la iniciativa de Middleton del safari de ciervos como una “escapada de dinero fácil”, ya que la entrada al parque tenía un precio de 15 libras los fines de semana. “Este era uno de mis lugares favoritos de la infancia en Berkshire, pero desde que Middleton lo adquirió se ha convertido en un lugar de esnobismo e inclusión de clase media”, afirmó un vecino. Según informó el pasado mayo el portavoz, la pareja ya no tenía vinculación con el proyecto ni con su página web.