El cambio constitucional en materia de seguridad anunciado por Kast genera dudas entre los expertos y en la oposición

Después de que el Gobierno de José Antonio Kast logró aprobar la megarreforma con foco económico y tributario en el Congreso, el mandatario retomó sus promesas para combatir la delincuencia, su principal bandera durante la campaña. Ha propuesto un paquete de medidas que incluye una treintena de proyectos legislativos —20 de los cuales ya están en tramitación—, que bautizó como Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Pero también ha incorporado una sorpresiva reforma constitucional que busca consagrar la seguridad pública como un deber del Estado. Es un anuncio que ha generado dudas y controversias, en el sentido de si tendrá efectos o si es solo una declaratoria simbólica pues la Constitución chilena ya establece en su artículo primero que “es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia” y propender a “su fortalecimiento”.

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Según anunció Kast este miércoles en una cadena nacional, se trata de una reforma que “consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado”, un cambio que “permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”. El plan del Ejecutivo es que esa modificación, que debe pasar por el Congreso, posibilite, entre otros varios puntos, que pertenecer a una organización criminal sea, “por sí solo, un delito con penas agravadas”. “Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer”, señaló el mandatario.

Una de las varias voces que han salido a cuestionar el anuncio es la de Javier Couso, abogado constitucionalista y director el doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), quien dijo a El Mostrador que señalar que será primera vez que el Estado pone a la seguridad con rango constitucional “es redundante, en el sentido en que ya está”. Y añadió: “Lamento tener que desmentir al Presidente. Eso es falso”.

Todavía no se conoce el texto de la reforma que va a proponer el Gobierno. Por ello, el académico dice que queda por ver si lo que se pretende es volver a redactar algo que ya existe o si la reforma que empuja Kast y su ministro de Seguridad, Martín Arrau, “es un paraguas bajo el cual van a haber otras disposiciones constitucionales que se pretenden introducir”, pero, “francamente, todos los constitucionalistas de la plaza hemos quedado un poco sorprendidos porque, en tanto anuncio, no hay absolutamente nada nuevo”.

Según ha explicado Arrau, el Gobierno considera necesaria la reforma constitucional: “Lo que queremos hacer es de nivel de una profundidad que requiera habilitación constitucional. No lo habríamos hecho, pero es necesario, como, por ejemplo, tener un listado completo de las organizaciones criminales y terroristas, y poder tener una vía más ágil para combatirla”.

El subsecretario general de la Presidencia de Kast (Segpres), José Francisco Lagos, dijo a TVN, el canal público, que la modificación tiene como sentido “fijar como deber primordial del Estado el proteger la seguridad de las personas”. “Esto, quizás, lo dábamos por hecho en nuestro país, pero si el Estado no garantiza la seguridad de las personas, cualquier otro tipo de garantías se empiezan a transformar en meras declaraciones”, señaló.

“No tiene ningún sentido”

Para el jefe de bancada de los diputados socialistas, Raúl Leiva, la reforma constitucional “no tiene ningún sentido. “Este es un Gobierno que parece creer que las señales son las que mejoran la persecución criminal y la prevención, y eso no es así”. Enfatiza que lo que propone Kast ya está en la Constitución: “El término seguridad nacional es omnicomprensivo. Además, está en artículo primero del capítulo primero de las bases de la institucionalidad, es decir, en el centro dogmático de la Carta Fundamental. No se entiende de qué manera hay que generar una reverberancia o insistir en ello. Esto es absolutamente irrelevante”.

Luis Cordero, exministro de Justicia y también Seguridad de Gabriel Boric (2022-2026), recordó a CNN que existen varios fallos de la Corte Suprema, que han sentado jurisprudencia, en los que se ha condenado al Fisco por “procedimientos policiales ineficaces en la persecusión del delito bajo un concepto que ha denominado ‘garantía de seguridad”.

“En estricto rigor, simplemente para entender cómo se aplica el derecho en Chile, esa reforma es innecesaria. Probablemente, si lo que les interesa [en el Gobierno] es tener cuestiones declarativas en la Constitución, la considerarán útil, pero desde el punto de vista aplicativo, no agrega nada”, dijo Cordero, quien es especialista en derecho administrativo y profesor de la Universidad de Chile.

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El despliegue del presidente

Apenas Kast presentó su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), ha comenzado un despliegue comunicacional enfocado en la seguridad. La madrugada de este jueves, horas después de su cadena nacional, se exhibió junto a Arrau y al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en un operativo policial en la Plaza de Armas, en el corazón del centro de la capital chilena. “El crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia han ido ocupando espacios que no les corresponden. Quiero decirles que la mano ha cambiado”, dijo.

Horas después, el mandatario fue a un acto la Escuela de Carabineros, para volver a hablar de su agenda. “Tenemos que decir que en Chile ha cambiado la mano en temas de seguridad. Estamos muy conscientes de que todavía hay mucho por hacer, hay muchos compatriotas que aún sienten temor, de que les arrebaten su vida, que les arrebaten los bienes, el esfuerzo de su trabajo, de que no pueden utilizar, como corresponde, plazas y los centros deportivos por temor al crimen organizado”.

“Venimos de años duros, donde ese crimen organizado ha ocupado un lugar que no le corresponde”, agregó Kast aludiendo a la gestión de la Administración de Boric.

Se añade un operativo policial a nivel nacional, la noche de este viernes, en el que participaron más de 5.000 integrantes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), para labores de prevención y controles de identidad. Arrau encabezó la formación de los funcionarios en el muncipio de Macul. “Esto es parte del Plan de Seguridad. Lo que se suma a la a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)”, dijo el ministro. Y agregó que estas acciones han sido clave para “la baja en las cifras de homicidios” y “de robos con violencia. Son notas positivas que nos tienen que llamar a seguir haciendo este trabajo”.

Para el diputado Leiva, el Ejecutivo “se equivoca” en su campaña comunicacional. “La pregunta que uno se hace es ¿cuándo cambió la mano? ¿cuándo asumió la ministra Trinidad Steinert, a la que después tuvo que sacar? ¿Cambió cuando asumió Arrau? Si la mano cambió ahora, ¿Carabineros antes no hacía su trabajo de la misma manera antes de la llegada del Gobierno? ¿Los tribunales no hacían su trabajo? ¿el Ministerio Público no perseguía de una manera adecuada? ¿Y ahora sí?”

Y agrega: “El Gobierno yerra, primero, al confundir las normas de orden público con la seguridad pública y, segundo, al hacer creer que la persecución penal está en manos del Ejecutivo, cuando corresponde al Ministerio Público”.