La prohibición venezolana de extradición dificulta la justicia en el caso de Yulixa Toloza

La prohibición venezolana de extradición dificulta la justicia en el caso de Yulixa Toloza

Mientras los familiares y amigos de Yulixa Toloza esperan que Medicina Legal determine la causa exacta de su muerte y les entregue su cuerpo, la Justicia colombiana adelanta los trámites para que tres personas capturadas en Venezuela por el caso respondan en el país. Sin embargo, el proceso promete ser enrevesado. Los dos hombres y la mujer señalados por la muerte de Toloza, quien falleció tras realizarse una lipólisis en un centro estético ilegal en Bogotá, tienen nacionalidades venezolanas; huyeron a ese país tras la muerte y su envío a Colombia pasa ahora por los trámites de extradición.

La Fiscalía colombiana acusa de cinco delitos a María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años y dueña del centro estético; Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, su pareja sentimental; y Eduardo David Ramos, el hombre que le realizó el procedimiento. Algunos de los crímenes —desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de material probatorio— están tipificados de distinta forma en el vecino país, donde además la Constitución prohíbe “la extradición de venezolanos y venezolanas”.

Por eso, la Fiscalía colombiana ha buscado apelar al Tratado Bolivariano de Extradición, un antiguo instrumento internacional, firmado en Caracas el 18 de julio de 1911 por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que establece las reglas para facilitar la entrega de las personas requeridas por la justicia de algunos de los países miembros y que se encuentran en territorio del otro. Hasta ahora, en Venezuela se ha aplicado principalmente para extraditar personas de otras nacionalidades, no venezolanos. No es claro si alguno de los tres tiene también la nacionalidad colombiana ni el impacto que podría tener ese hecho sobre la posible extradición.

La prohibición venezolana de extradición dificulta la justicia en el caso de Yulixa Toloza
Yulixa Toloza en una imagen compartida en sus redes sociales.@yulitzatolosa

Si la extradición no puede concretarse, los capturados serían juzgados en Venezuela, según las leyes de ese país, por los delitos cometidos en Colombia. En ese caso, la Fiscalía colombiana debería compartir con la Justicia venezolana el expediente y las pruebas.

Además de los tres capturados en Venezuela, otros dos implicados fueron detenidos en Colombia, aunque su vínculo parece menos cercano. Se trata de dos hombres que solicitaron a las autoridades la entrega de un vehículo fundamental en el caso: en él, los responsables del centro estético trasladaron a Toloza, en tan malas condiciones de salud que la llevaron a rastras, no a un hospital, sino a un destino incierto. Finalmente, abandonaron su cuerpo a unos 100 kilómetros de Bogotá y recorrieron unos 700 kilómetros más hasta abandonar el Chevrolet Sonic cerca de la frontera con Venezuela, para cruzarla a pie.

De Eduardo David Ramos, quien le realizó el procedimiento estético a Yulixa, se ha dicho que era barbero, un aprendiz, y que no estaba capacitado para adelantar la operación. Pero este jueves, el medio local El Guayacitano ha señalado que las autoridades venezolanas encontraron credenciales que lo certifican como médico.

La prohibición venezolana de extradición dificulta la justicia en el caso de Yulixa Toloza
Autoridades de Colombia investigan un cuerpo localizado en Apulo.Bomberos de Cundinamarca (EFE)

La desaparición y muerte de Yulixa Toloza han conmocionado a Colombia. El pasado 13 de mayo, la mujer de 52 años llegó a la clínica Beauty Láser M. L., en el sur de Bogotá, para realizarse una lipólisis láser. Tras salir de la intervención, una amiga que la acompañaba fue testigo de su evidente deterioro: estaba con la tez amarillenta, desorientada y con dificultad para respirar. Allí le dijeron que debían dejarla en observación. Cuando las allegadas regresaron, horas más tarde, no estaban ni Yulixa ni los encargados del lugar. Había desaparecido.

En los días siguientes, las autoridades reconstruyeron la salida del centro estético, el trayecto del vehículo y finalmente encontraron el cuerpo, abandonado en una zona boscosa del municipio de Apulo, al occidente de la capital. El caso que vuelve a poner la lupa sobre los riesgos que enfrentan los ciudadanos al someterse a procedimientos estéticos a bajo costo y que hacen grandes promesas, pero incumplen con los requisitos sanitarios y legales mínimos que exige el Estado para su funcionamiento.

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