Una jueza federal ha frenado la creación del fondo de casi 1.800 millones de dólares con el que la Administración de Donald Trump pretende compensar a las personas que, según su criterio, han sufrido agravios por parte del Gobierno federal cuando Joe Biden era presidente.
La jueza federal de distrito Leonie Brinkema, en Alexandria (Virginia), que fue nominada por el presidente demócrata Bill Clinton, prohibió al Gobierno establecer el fondo o procesar desembolsos, al menos hasta que se celebre una audiencia, prevista para el 12 de junio.
La Administración Trump anunció la creación del llamado “Fondo Contra la Instrumentalización de la Justicia” la semana pasada, lo que provocó una fuerte reacción, incluso entre círculos republicanos. La posibilidad de que los participantes en el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021 pudieran solicitar una compensación hizo saltar las alarmas. El fiscal general interino, Todd Blanche, no descartó que los acusados puedan ser elegidos para recibir el dinero en una audiencia celebrada en el Congreso.
El Departamento de Justicia aún no ha constituido la comisión de cinco miembros que decidiría los criterios de pago y no se ha desembolsado dinero hasta la fecha. Sin embargo, el anuncio de que el Gobierno pretende indemnizar a los simpatizantes trumpistas “perseguidos” judicialmente durante el mandato del demócrata Joe Biden, tuvo consecuencias en su propio partido.
Los senadores republicanos se negaron la semana pasada a aprobar un proyecto de ley que inyectaría 70.000 millones de dólares más al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) por los desacuerdos sobre el fondo de compensación. La cantidad que se fijó para las indemnizaciones es de 1.776 millones de dólares, una cifra que hace referencia al año de la independencia de Estados Unidos.
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Los demócratas han denunciado que el fondo, que compensaría a los aliados de Trump, es “pura corrupción” y que se usaría para pagar sobornos.
El fondo surgió de la demanda interpuesta por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a raíz de la filtración de sus declaraciones de impuestos. El presidente, que reclamaba una compensación de 10.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, retiró la demanda a cambio del compromiso del IRS de no auditarle ni a él ni a sus familiares nunca más y anunció la creación del fondo de compensación.
La jueza Brinkema respondió a la demanda presentada por el grupo legal Democracy Forward, que pidió la paralización del fondo. Los abogados alegan que su creación carece de base jurídica y de mecanismos de rendición de cuentas. Entre los demandantes de la acción judicial presentada en Virginia figuran un fiscal destituido y un profesor universitario que fue absuelto de agredir a agentes federales durante una protesta. “La ilegalidad que ha permeado el Fondo contra la Instrumentalización de la Justicia desde su misma concepción exige su desmantelamiento total”, sostiene la demanda.
Al menos otras dos demandas, ambas presentadas por separado en Washington, también impugnan la creación del fondo. Una fue interpuesta por el grupo de defensa de intereses Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, que califica al fondo como “un acto de corrupción presidencial asombroso”, según AP. Dos agentes de policía que ayudaron a defender el Capitolio en el asalto de enero de 2021 también han llevado el caso ante la justicia.
